Saudy Palacios atravesó la peligrosa selva del Darién, en la frontera entre Panamá y Colombia, con la ilusión de llegar a Estados Unidos, tener un trabajo, una casa y educar a su hijo. Ahora regresa a Venezuela por mar con los “sueños rotos” por la política migratoria del presidente Donald Trump.
Cientos de migrantes, muchos de ellos niños, abordan en estos días lanchas en Cartí, en la comarca indígena de Guna Yala, en el Caribe panameño. Van camino al sur, una travesía de unas 12 horas hasta el puerto de Necoclí, en Colombia, para luego seguir por tierra, la mayoría a Venezuela.
Buscan esquivar los controles en tierra que intentan sin éxito ordenar el flujo migratorio inverso y, sobre todo, el cruce de la selva del Darién, que muchos hicieron hace unos meses cuando se dirigían hace el norte y donde lograron sobrevivir a bandas criminales y peligros de la jungla.
Pero el peligro no desaparece. Una niña venezolana de ocho años murió al naufragar el viernes uno de estos botes con una veintena de migrantes.
Entre los migrantes reina la desazón y la tristeza. Desde que llegó a la Casa Blanca, Trump aplica una política de mano dura contra ellos, con redadas y expulsiones de personas en situación irregular a distintos países e incluso a la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba.
También eliminó la aplicación móvil CBP One que permitía a los migrantes programar citas para solicitar asilo.
“Eso ya murió. Ya no hay sueño americano. Nueve meses esperé la cita y uno se cansa. Ya no hay esperanza. Nada”, dice a la AFP Palacios, de 27 años, quien regresaba desde México con su hijo de 11 años y su esposo.
Junto a otros migrantes, esperaban la lancha en el desvencijado muelle de Cartí Sugdupu, una isla donde la mayoría de habitantes fue trasladada a tierra firme el año pasado porque en un futuro quedará bajo las aguas por el cambio climático.
En Cartí, Palacios y su familia, que han gastado más de 2,000 dólares sólo en el regreso, esperan que sus parientes en Venezuela les envíen los 250 dólares para pagar el bote.
“Lo peor en mi vida”
Vienen en su mayoría desde México, sin documentos y endeudados tras gastar entre 5,000 y 10,000 dólares en el viaje. Han dormido en refugios o en la calle, pasaron hambre y vendieron golosinas en los semáforos para medio comer y pagar los buses o lanchas de retorno a sus países.
Cuando Astrid Zapata llegó desde México con su esposo, su hija de cuatro años y un primo hace pocos días al refugio La Esperanza, en la capital de Costa Rica, lo primero que hizo fue colgar la bandera de Venezuela en el pequeño cubículo donde dormirían.
“Ya no hay futuro en Estados Unidos. Pero tengo miedo. En este retorno es muy duro volver a entrar a la selva. A una madre se le murieron dos hijos ahí, los vi ahogados en el río”, contó a la AFP en ese albergue no gubernamental.
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