Correos personales en el gobierno: ¿Por qué es una amenaza, riesgo y un delito?"

El uso de cuentas de correo electrónico personales por parte de presidentes y gobernadores de Estados Unidos para asuntos gubernamentales y de seguridad es problemático por varias razones, tanto prácticas como legales. Son aspectos que la gente desconoce, pero es algo que en países como Estados Unidos es trascendental, tal como en algún momento le pasó a Hillary Clinton como Secretaria de Estado.

Falta de seguridad: Las cuentas de correo personales, como Gmail o Yahoo, no tienen los mismos niveles de protección que los sistemas oficiales del gobierno. Estos últimos están diseñados con medidas avanzadas de cifrado y monitoreo para proteger información sensible o clasificada. Usar una cuenta personal aumenta el riesgo de que hackers, incluidos actores estatales extranjeros, accedan a datos críticos, como detalles sobre políticas, seguridad nacional o movimientos militares.

Pérdida de transparencia y rendición de cuentas: En EE.UU., las leyes como la Presidential Records Act (para presidentes) y la Freedom of Information Act (FOIA) exigen que las comunicaciones oficiales se preserven como registros públicos. Si un funcionario usa una cuenta personal, esos correos podrían no archivarse adecuadamente, dificultando que el público o los organismos de supervisión accedan a ellos. Esto puede interpretarse como un intento de evadir la transparencia.
Violación de leyes federales: Desde 2014, la Presidential Records Act prohíbe explícitamente que los funcionarios de la Casa Blanca usen cuentas no oficiales para comunicaciones oficiales, a menos que copien o reenvíen esos mensajes a una cuenta gubernamental en un plazo de 20 días. No cumplir con esto puede resultar en sanciones administrativas, como suspensión o destitución. Además, si se manejan materiales clasificados en un sistema no seguro, podría violar leyes como el 18 U.S. Code § 1924, que penaliza la remoción no autorizada de documentos clasificados.
Riesgo de mezcla de asuntos personales y oficiales: Usar una cuenta personal complica la separación entre comunicaciones privadas y gubernamentales. Esto puede exponer información personal en investigaciones legales o solicitudes de registros públicos, y a la inversa, ocultar asuntos oficiales que deberían ser accesibles.
Precedente y percepción pública: Casos como el de Hillary Clinton, quien usó un servidor privado como Secretaria de Estado, o miembros del equipo de Trump que recurrieron a cuentas personales, han generado controversia. Aunque no siempre se pruebe un delito, estas prácticas alimentan sospechas de que los funcionarios intentan ocultar información, dañando la confianza pública.

En resumen, es malo porque pone en peligro la seguridad nacional, dificulta la supervisión y puede violar leyes de registros y manejo de información clasificada. Aunque no siempre lleva a cargos criminales, las consecuencias legales y políticas pueden ser significativas, dependiendo del contexto y la intención.

Estados Unidos no es el único país con restricciones sobre el uso de correos electrónicos personales por parte de funcionarios gubernamentales. Otros países, incluido México, también tienen normativas que regulan este tema, aunque las reglas, su alcance y su aplicación varían según el contexto legal y político de cada nación.

Estados Unidos

En EE.UU. existen leyes específicas como la Presidential Records Act y regulaciones federales que prohíben o restringen el uso de cuentas personales para asuntos oficiales, especialmente si involucran información clasificada o registros públicos. Esto se debe a preocupaciones de seguridad, transparencia y archivo. Sin embargo, la aplicación no siempre es estricta, y casos como el de Hillary Clinton muestran que puede haber controversias sin consecuencias penales claras, dependiendo del caso.

México

En México, no hay una ley única tan específica como la Presidential Records Act, pero sí existen normativas que abordan el uso de correos electrónicos por parte de funcionarios públicos. Por ejemplo:

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Establece que las comunicaciones oficiales deben ser registradas y accesibles como parte de los archivos públicos. Usar correos personales podría evadir este requisito, lo que se consideraría una irregularidad administrativa.
Ley General de Archivos: Obliga a los servidores públicos a organizar y conservar documentos oficiales, incluidos correos electrónicos institucionales, para garantizar su trazabilidad. El uso de cuentas personales podría violar esta ley si se pierde el registro de comunicaciones oficiales.
Lineamientos específicos: En 2020, durante la pandemia, la Secretaría de la Función Pública emitió lineamientos para el uso de correo institucional como canal oficial, reforzando que las comunicaciones gubernamentales deben usar sistemas seguros y oficiales, no cuentas personales.
Políticas internas: Dependencias como el Gobierno del Estado de Tamaulipas han establecido que el correo institucional es el único medio autorizado para comunicaciones oficiales, prohibiendo explícitamente el uso de cuentas personales para transferir información gubernamental.

En la práctica, el uso indebido de correos personales en México podría no ser un “delito” penal directo, pero sí una falta administrativa que puede derivar en sanciones como multas, suspensiones o inhabilitaciones, dependiendo de la gravedad (por ejemplo, si se compromete información sensible o se evade la transparencia).

Otros países

Francia: Aunque no prohíbe directamente el uso de correos personales, la Ley de Protección de Datos y regulaciones internas exigen que las comunicaciones oficiales usen canales seguros y registrados. Además, Francia es pionera en el “derecho a la desconexión”, que indirectamente fomenta el uso de sistemas oficiales para separar la vida personal y laboral.
Reino Unido: La Freedom of Information Act y las políticas del gobierno requieren que las comunicaciones oficiales se realicen a través de canales gubernamentales para garantizar acceso público y seguridad. Usar cuentas personales podría violar estas normas y exponer a funcionarios a investigaciones.
Canadá: La Access to Information Act y la Privacy Act imponen requisitos similares a los de EE.UU., exigiendo que los correos oficiales se archiven y sean seguros. El uso de cuentas personales ha sido criticado en escándalos como el de la provincia de Ontario en 2014, donde se eliminaron correos relacionados con un proyecto energético.

Diferencias clave

Seguridad nacional: En EE.UU., el énfasis está en proteger información clasificada, lo que eleva las restricciones a nivel penal. En México, el enfoque está más en la transparencia y el archivo, con sanciones administrativas como prioridad.
Cultura de aplicación: En EE.UU., los escándalos suelen generar investigaciones públicas de alto perfil (como el FBI revisando correos de Clinton). En México, la fiscalización es menos mediática y depende más de auditorías internas o denuncias específicas.
Tecnología: Países desarrollados suelen tener sistemas gubernamentales más robustos, mientras que en México aún hay dependencias que enfrentan limitaciones tecnológicas, lo que a veces lleva a prácticas informales.

Las restricciones no son exclusivas de EE.UU.; México y otros países también las tienen, adaptadas a sus marcos legales y prioridades. Sin embargo, EE.UU. tiende a destacar por su enfoque en seguridad nacional y los casos de alto perfil que generan debate público.