La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que en el país se practique la desaparición forzada por parte del Estado y señaló a la delincuencia organizada como la principal responsable de este problema. Estas declaraciones se dieron en respuesta a las medidas cautelares emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
Durante su conferencia matutina de este martes, Sheinbaum informó que el Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, ya envió una nota diplomática para manifestar su desacuerdo con el organismo internacional. “En México existe un problema de desapariciones relacionado con el crimen organizado. Estamos trabajando con todos los recursos disponibles para atender a las víctimas, prevenir estos casos y combatir este delito, que está mayormente ligado, aunque no exclusivamente, a la delincuencia organizada. No se trata de desaparición forzada impulsada por el Estado”, afirmó la mandataria.
Asimismo, destacó que en Naciones Unidas hay “un gran desconocimiento” sobre la situación, subrayando el compromiso de su administración para apoyar a las víctimas y enfrentar este delito. En el caso específico del rancho El Izaguirre, en Jalisco, aseguró que la investigación está a cargo de la Fiscalía estatal, la cual opera de manera independiente.
El pasado viernes 4 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) emitió medidas cautelares al Estado mexicano tras el hallazgo de restos humanos y objetos personales en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Esta acción se derivó de una petición presentada por las organizaciones Solidaria y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, que documentaron 18 casos de desaparición vinculados a ese lugar. Las medidas buscan proteger los restos y las pruebas encontradas, garantizar que los familiares y sus representantes tengan acceso a la información, y asegurar su participación en las labores de búsqueda e investigación.
El CED también activó el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, argumentando que hay indicios de que la desaparición forzada en México podría estar ocurriendo de manera generalizada o sistemática. Este mecanismo excepcional permite elevar el caso a la Asamblea General de la ONU debido a la gravedad de los hechos.
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