En México, la expropiación de terrenos es legal bajo ciertas condiciones establecidas en la Constitución (Artículo 27) y la Ley de Expropiación. El gobierno puede tomar propiedades privadas por causa de utilidad pública, como construir infraestructura o atender necesidades sociales, pero debe seguir un proceso legal y ofrecer una indemnización justa basada en el valor comercial del terreno.
Recientemente, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, solicitó a la inmobiliaria Grupo Proyecta donar dos hectáreas en Lomas de Angelópolis para construir viviendas para policías estatales. Según reportes, dio un ultimátum de 30 días, advirtiendo que, de no cumplirse, iniciaría un proceso de expropiación de cuatro hectáreas. Armenta justificó la petición argumentando que la empresa ha obtenido grandes beneficios en Puebla y debe retribuir al estado, enfatizando que es un acto de “justicia” para mejorar las condiciones de los cuerpos de seguridad. En una entrevista, aclaró que no es una amenaza, sino una “invitación” a colaborar, y que cualquier expropiación seguiría la ley.
Legalmente, tus terrenos no pueden ser quitados arbitrariamente. Para que ocurra una expropiación, el gobierno debe:
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Justificar la utilidad pública.
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Notificar al propietario y permitirle defenderse.
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Pagar una compensación adecuada.
Sin embargo, casos como este generan debate sobre si la presión para “donar” es una forma de coerción. Si tienes un terreno, nadie puede quitártelo sin seguir este proceso, pero en situaciones como la de Puebla, la amenaza de expropiación puede usarse para negociar. Siempre es recomendable consultar a un abogado especializado en derecho agrario o inmobiliario si enfrentas algo similar.
En México, la expropiación de terrenos es una facultad que se ejerce principalmente por el gobierno federal, a través del presidente, aunque los gobernadores y alcaldes también pueden iniciar procesos de expropiación bajo ciertas condiciones, siempre que se cumpla con la ley. A continuación, te detallo algunos ejemplos recientes y relevantes de expropiaciones impulsadas por distintos niveles de gobierno, basándome en información disponible:
Presidentes
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Andrés Manuel López Obrador (2018-2024): Durante su administración, se realizaron múltiples expropiaciones para proyectos de infraestructura prioritarios. Algunos casos destacados incluyen:
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Tren Maya: Se expropiaron cientos de hectáreas en estados como Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Campeche y Tabasco. Por ejemplo, en 2022, se decretó la expropiación de más de un millón de metros cuadrados en Quintana Roo para el tramo 5, y en 2023, se expropiaron 90 inmuebles en varias entidades para distintos tramos.
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Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA): En 2021, se expropiaron 109 hectáreas en los municipios de Nextlalpan, Zumpango y Tecámac, Estado de México, para la construcción del aeropuerto. En 2023, se expropiaron 113,838 metros cuadrados en Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan para ampliar el tren suburbano hacia el AIFA.
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Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec: En 2023, se expropiaron terrenos en Oaxaca, como en Santa María Mixtequilla, para este proyecto.
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Grupo México (Ferrosur): En 2023, se expropió un tramo férreo en Veracruz, argumentando utilidad pública para proyectos estratégicos.
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Gobernadores
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Alejandro Armenta (Puebla, 2024-presente): En 2025, Armenta solicitó a la inmobiliaria Grupo Proyecta la donación de dos hectáreas en Lomas de Angelópolis para construir viviendas para policías. Advirtió que, de no cumplirse, podría iniciar un proceso de expropiación de cuatro hectáreas, lo que generó controversia por percibirse como una presión más que una negociación.
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Samuel García (Nuevo León, 2021-presente): Aunque no hay registros específicos de expropiaciones directas recientes, su administración ha impulsado proyectos de infraestructura que han involucrado negociaciones por terrenos, como el Periférico de Monterrey. Sin embargo, no se han documentado expropiaciones formales.
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Cuitláhuac García (Veracruz, 2018-presente): En 2023, apoyó la expropiación federal del tramo de Ferrosur en Veracruz, coordinando con el gobierno de López Obrador para justificar la utilidad pública del proyecto.
Alcaldes
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Jesús Bobadilla Álvarez (San Mateo Atenco, Estado de México, 1988): Aunque no es reciente, un ejemplo histórico es la solicitud de expropiación de 0.65 hectáreas de terrenos ejidales en 1988 para construir una vialidad de acceso al Paseo Tollocan. Este caso muestra que los alcaldes pueden iniciar procesos, pero requieren autorización federal o estatal.
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Ciudad de México (varios alcaldes): En el ámbito local, el gobierno de la Ciudad de México, a través de sus alcaldes y el jefe de gobierno, ha expropiado terrenos para vivienda social. Por ejemplo, en 2015, se expropiaron 1,296 metros cuadrados en Coyoacán para el Instituto de Vivienda, y se planearon más expropiaciones para el mismo fin.
Contexto General
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Presidentes: Tienen mayor alcance para expropiar, especialmente en proyectos de infraestructura nacional. López Obrador destacó por el volumen de expropiaciones, justificadas por “utilidad pública” en megaproyectos, aunque algunas generaron críticas por falta de diálogo o pagos insuficientes.
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Gobernadores: Su capacidad para expropiar es más limitada y suele requerir coordinación con el gobierno federal. Casos como el de Armenta en Puebla son raros y tienden a generar controversia si se perciben como coercitivos.
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Alcaldes: Rara vez lideran expropiaciones directamente, ya que suelen canalizarlas a través de gobiernos estatales o federales. Su rol es más de gestión o solicitud, como en el caso de San Mateo Atenco.
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