El desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2004-2005 estuvo relacionado con una expropiación, pero no exactamente por la construcción de una carretera, sino por un camino de acceso en el predio conocido como “El Encino” en Santa Fe, Ciudad de México. Aquí te explico los detalles:
López Obrador era entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal. En el año 2000, bajo la gestión de Rosario Robles, se expropió el predio El Encino para construir una vialidad que conectara las avenidas Vasco de Quiroga y Carlos Graef Fernández, con el propósito de facilitar el acceso a un hospital privado (el ABC) y, posteriormente, al campus Cuajimalpa de la UAM. Sin embargo, los dueños del terreno, representados por Federico Escobedo, demandaron al gobierno capitalino, alegando irregularidades en la expropiación, y obtuvieron un amparo judicial que ordenaba suspender las obras.
En 2003, la administración de López Obrador continuó con los trabajos a pesar de la orden judicial, lo que llevó a la Procuraduría General de la República (PGR) a acusarlo de desacato. Este fue el motivo principal del proceso de desafuero, impulsado por el gobierno federal de Vicente Fox y apoyado por el PAN y el PRI. La PGR argumentó que López Obrador había violado la suspensión judicial al permitir la construcción, aunque en 2003 la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la resolución que ordenaba detener las obras, al considerar que los señalamientos de la PGR eran insuficientes.
El desafuero no buscaba directamente castigar la expropiación, sino el supuesto desacato a la orden judicial. Sin embargo, el caso se politizó intensamente, ya que muchos consideraron que era una maniobra para frenar las aspiraciones presidenciales de López Obrador rumbo a 2006. Tras una masiva manifestación en su apoyo y críticas internacionales, Fox detuvo el proceso judicial en mayo de 2005, y López Obrador no fue enjuiciado.
En resumen, el desafuero estuvo vinculado a una expropiación para una vialidad, pero el conflicto legal giró en torno al desacato, no a la expropiación en sí. El caso se resolvió años después, cuando en 2011 la Suprema Corte ordenó al gobierno capitalino indemnizar a los dueños del predio con 95 millones de pesos, reconociendo que la expropiación había sido irregular, pero manteniendo la vialidad construida.
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