En una decisión dividida, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una orden en la madrugada del sábado 19 de abril de 2025 que suspende temporalmente el uso de una ley de tiempos de guerra por parte de la administración de Donald Trump para deportar a un grupo de venezolanos acusados de ser pandilleros. Esta medida evita, por ahora, su traslado a una megacárcel en El Salvador bajo el control del presidente Nayib Bukele.
La orden responde a solicitudes urgentes presentadas por los detenidos en cuatro tribunales federales, quienes buscaban bloquear su expulsión desde el Centro de Detención Bluebonnet en Anson, Texas. Según los abogados de los afectados, el viernes 18 de abril las autoridades comenzaron a trasladarlos en autobuses para ejecutar las deportaciones.
Detalles de la orden judicial
La Corte Suprema prohibió al gobierno utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar las deportaciones, señalando que la suspensión estará vigente “hasta nueva orden”. Esto sugiere que el tribunal espera revisar la respuesta de la administración Trump antes de tomar una decisión definitiva. La medida se produce tras un fallo previo del 7 de abril, cuando la Corte estableció que los acusados de pertenecer al Tren de Aragua deben tener un “plazo razonable” para apelar su deportación ante tribunales federales.
Muchos de los detenidos niegan ser pandilleros y argumentan que la aplicación de una ley diseñada para tiempos de guerra es inconstitucional en este contexto. La Corte Suprema aún no ha determinado la legalidad de esta maniobra de la administración Trump.
Actividad judicial del viernes
El viernes 18 de abril fue un día de intensa actividad en los tribunales. En Washington, el juez federal James Boasberg celebró una audiencia de emergencia donde un abogado del Departamento de Justicia aseguró que no había vuelos de deportación programados para ese día ni para el sábado. Sin embargo, el juez Boasberg afirmó que no tenía jurisdicción sobre el caso, ya que los detenidos están en Texas.
Por su parte, el juez James Hendrix, del Distrito Norte de Texas, declinó emitir una orden para detener las deportaciones, argumentando que necesitaba más tiempo para analizar un asunto de tal magnitud. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, también se abstuvo de intervenir.
Denuncias de irregularidades
Los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representan a los detenidos, denunciaron que las notificaciones de deportación entregadas a los venezolanos estaban únicamente en inglés y no explicaban cómo ni en qué plazo podían apelar. Esto, según la ACLU, incumple el fallo previo de la Corte Suprema. Lee Gelernt, abogado de la ACLU, expresó su preocupación: “No tenemos garantías de que no habrá vuelos de deportación”.
Además, los casos de dos detenidos, identificados como A.A.R.P. y W.M.M., destacan las acusaciones del gobierno. A A.A.R.P. se le señaló por “tatuajes y asociaciones” que supuestamente indican pertenencia a una pandilla, mientras que a W.M.M. se le acusó basándose en emojis en sus redes sociales y un comentario de terceros. Los abogados defensores argumentan que estas pruebas son insuficientes y que los detenidos enfrentan cadena perpetua en El Salvador sin un proceso justo.
Contexto del conflicto
Esta decisión marca un nuevo capítulo en los esfuerzos de Trump por implementar deportaciones masivas, desafiando en ocasiones órdenes judiciales. En marzo de 2025, más de 200 presuntos pandilleros fueron enviados a El Salvador, incluso después de que un juez ordenara el regreso de dos aviones. La intervención de la Corte Suprema refleja las tensiones entre el poder ejecutivo y el judicial en torno a las políticas migratorias de la administración.
Add Comment