Ciudad de México, 5 de junio de 2025 – El gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por el uso ilegal de 700 mil metros cúbicos de agua en su rancho El Saucito, ubicado en el municipio de Balleza. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) descubrió una presa, cinco represas y un pozo construidos sin permisos ni concesiones, en una región afectada por sequías crónicas y con implicaciones en el Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos.
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La denuncia, anunciada por Sheinbaum en su conferencia matutina del 28 de mayo, abarca no solo a Duarte, sino también a quienes resulten implicados por complicidad, incluyendo autoridades judiciales. La mandataria calificó el caso como un “robo de agua” y enfatizó que “no se puede permitir que en un lugar donde hay escasez haya apropiación ilegal de agua con contubernios de poder”. Señaló que el agua acaparada pertenece a la cuenca del río Conchos, vital para cumplir compromisos internacionales con Estados Unidos, y su uso privado constituye un delito contra un recurso nacional.
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El director de Conagua, Efraín Morales, detalló que las estructuras hidráulicas, construidas durante el gobierno de Duarte (2010-2016), fueron diseñadas para beneficio personal en un rancho de 4,300 hectáreas. El 26 de mayo, Conagua notificó a los responsables del predio sobre un procedimiento administrativo para demoler las obras ilegales y liberar el agua. Al día siguiente, se iniciaron las demoliciones, logrando el desfogue de dos represas y la clausura de un pozo, pero una jueza federal, Madhay Soto Morales, otorgó un amparo en menos de 24 horas, frenando las acciones. Esta jueza, según Sheinbaum y Morales, es la misma que en 2023 suspendió la distribución de libros de texto gratuitos en Chihuahua, lo que levantó sospechas de posible colusión.
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En la conferencia del 5 de junio, Sheinbaum reiteró que el amparo carece de sustento legal, ya que el caso había sido previamente litigado sin otorgar razón a Duarte. “No tiene por qué estar retenida esa agua. Es un claro acto de robo de agua perteneciente a la ciudadanía”, afirmó, subrayando que su administración seguirá procesos legales y administrativos para garantizar el uso equitativo del recurso hídrico. La mandataria también destacó que la denuncia incluye a quienes hayan facilitado el acaparamiento, apuntando a una posible red de complicidades entre el poder judicial y político.
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El abogado de Duarte, Juan Carlos Mendoza, exigió a Conagua cesar las “invasiones” al rancho, argumentando que el predio está asegurado por la fiscalía de Chihuahua y que la notificación fue “irrelevante”. Sin embargo, Conagua y el gobierno federal insisten en que las estructuras carecen de permisos y que el agua debe regresar a su cauce natural para beneficiar a agricultores y ganaderos locales.
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Avances del caso: La denuncia penal ya fue presentada ante la FGR, y Conagua continúa con verificaciones en todo el país, habiendo clausurado más de 250 sitios por irregularidades similares. El caso de Duarte no es aislado, ya que Morales indicó que se investigan posibles irregularidades de otros exgobernadores y se revisan denuncias ciudadanas. La suspensión provisional del amparo está bajo litigio, con una audiencia programada para el 3 de junio, aunque el gobierno federal sostiene que las acciones continuarán para garantizar el derecho humano al agua.
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Sheinbaum también reveló que la investigación se complicó debido a la pérdida de registros de concesiones de agua en un incendio en las oficinas de Conagua durante el sexenio de López Obrador, lo que ha dificultado la regularización de permisos. A pesar de esto, el gobierno asegura que no tolerará el uso privado de recursos nacionales y que el caso de Duarte es un paso hacia la justicia hídrica en regiones afectadas por el cambio climático
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