La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó de manera unánime la demanda presentada por el Gobierno de México contra fabricantes de armas estadounidenses, a quienes acusaba de contribuir a la violencia de los cárteles de la droga mediante prácticas comerciales negligentes. La decisión, emitida este jueves, representa un revés para México en su intento de responsabilizar a empresas como Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock y otras por el tráfico ilícito de armas que, según las autoridades mexicanas, alimenta la inseguridad en el país.
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La demanda, iniciada en 2021, buscaba una indemnización de 10,000 millones de dólares, argumentando que los fabricantes diseñan, comercializan y distribuyen armas de manera que facilitan su llegada a manos de los cárteles. México señaló que entre el 70% y el 90% de las armas recuperadas en escenas de crímenes en su territorio provienen de Estados Unidos, y que anualmente se trafican entre 200,000 y 500,000 armas a través de la frontera. Además, el gobierno mexicano acusó a las empresas de no implementar medidas, como mejorar el rastreo de armas, que podrían reducir su atractivo para el crimen organizado.
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El fallo del Supremo, respaldado por los nueve jueces, determinó que la demanda no demostraba de manera plausible que los fabricantes ayudaran o instigaran activamente el tráfico ilegal de armas, por lo que están protegidos por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) de 2005. Esta ley exime a las empresas armamentistas de responsabilidad civil por el uso indebido de sus productos por parte de terceros. La jueza Elena Kagan, en la opinión del tribunal, destacó que México no presentó pruebas de transacciones específicas que vinculen a los fabricantes con ventas ilegales, calificando las acusaciones como demasiado generales.
A pesar de reconocer que los fabricantes podrían hacer más para identificar distribuidores deshonestos, el Supremo consideró que esta omisión constituye “indiferencia” y no “asistencia” a actividades ilícitas. Asimismo, señaló que las armas en cuestión son legales y adquiridas por consumidores legítimos, por lo que no se puede culpar a las empresas solo porque los cárteles también las utilicen.
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El caso, que coincidió con tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos, incluyendo la imposición de aranceles del 25% a productos mexicanos por parte de la administración de Donald Trump, tuvo un fuerte componente político. La presidenta Claudia Sheinbaum había advertido que, de designarse a los cárteles como grupos terroristas, México podría ampliar la demanda acusando a los fabricantes de complicidad. Sin embargo, el fallo del Supremo podría limitar futuras acciones legales similares, incluyendo una demanda paralela en Arizona contra distribuidores de armas.
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Organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle (NRA) respaldaron a los fabricantes, argumentando que la demanda mexicana amenazaba los derechos de la Segunda Enmienda y la industria armamentista estadounidense. Por su parte, grupos como el Giffords Law Center lamentaron la decisión, advirtiendo que refuerza la inmunidad de los fabricantes frente a las víctimas de la violencia armada.
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México, que ha registrado más de 340,000 asesinatos y 100,000 desaparecidos desde 2006, mayormente ligados al crimen organizado, enfrenta ahora un desafío para continuar su estrategia legal contra el tráfico de armas. Se espera que el gobierno, liderado en este litigio por el canciller Juan Ramón de la Fuente, evalúe nuevas acciones para abordar el impacto de las armas estadounidenses en la violencia doméstica.
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