El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), anunció hoy sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas –CIBanco S.A., Intercam Banco S.A., y Vector Casa de Bolsa S.A.– por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero para cárteles mexicanos dedicados al tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas. Esta acción marca una escalada en los esfuerzos del gobierno estadounidense para combatir las redes financieras que facilitan el narcotráfico, particularmente en el contexto de la crisis de opioides en Estados Unidos.
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Según el comunicado oficial del Tesoro, estas instituciones fueron identificadas como “de preocupación primaria por lavado de dinero” debido a su papel en la facilitación de transacciones que permitieron a los cárteles, especialmente el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mover millones de dólares en ganancias ilícitas. Las autoridades estadounidenses alegan que CIBanco, Intercam y Vector procesaron pagos relacionados con la importación de precursores químicos desde China, esenciales para la producción de fentanilo, y ayudaron a repatriar fondos a México a través de esquemas complejos que involucraban empresas fachada, transacciones estructuradas y, en algunos casos, criptomonedas.
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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó: “El dinero lavado es la savia de las empresas narco-terroristas como el Cártel de Sinaloa. Estas instituciones financieras mexicanas han sido clave para facilitar el flujo de fondos ilícitos, y hoy las estamos cortando del sistema financiero global”. Las sanciones implican el bloqueo total de cualquier transacción con estas entidades en el sistema financiero estadounidense, lo que prohíbe a personas o empresas en Estados Unidos realizar negocios con ellas, bajo pena de sanciones civiles o penales.
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Las acusaciones detallan que las instituciones sancionadas permitieron, a sabiendas o por negligencia, operaciones que ocultaban el origen ilícito de los fondos. Por ejemplo, se señala que Vector Casa de Bolsa manejó cuentas vinculadas a operadores financieros del CJNG, mientras que CIBanco e Intercam habrían procesado transferencias para redes que adquirían químicos en China. FinCEN destacó que estas actividades no solo alimentan el narcotráfico, sino que también contribuyen a la violencia y la inestabilidad en México y Estados Unidos.
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En respuesta, las instituciones mexicanas han emitido comunicados negando las acusaciones. CIBanco aseguró que cumple con todas las regulaciones mexicanas contra el lavado de dinero y que cooperará con las autoridades para esclarecer los señalamientos. Intercam, por su parte, afirmó que revisará sus procesos internos, mientras que Vector Casa de Bolsa no ha emitido una declaración oficial hasta el momento. La Asociación de Bancos de México (ABM) expresó su disposición a colaborar con las autoridades de ambos países para fortalecer los controles antilavado.
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El gobierno mexicano, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), no ha comentado directamente sobre las sanciones, pero fuentes cercanas indican que se está evaluando la cooperación con Estados Unidos para investigar las operaciones señaladas. Este anuncio se produce en un momento de tensiones bilaterales, tras la reciente designación de varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras por parte del gobierno de Donald Trump, lo que ha intensificado la presión sobre México para abordar el narcotráfico.
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Analistas advierten que estas sanciones podrían tener un impacto significativo en el sistema financiero mexicano, al limitar el acceso de las instituciones sancionadas a corresponsalías bancarias internacionales. Además, reflejan la creciente preocupación de Estados Unidos por las redes de lavado que involucran a actores chinos y mexicanos, un fenómeno que ha complicado los esfuerzos bilaterales para combatir el tráfico de fentanilo.
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Esta acción del Tesoro se suma a una serie de medidas recientes, como la sanción de individuos y empresas mexicanas vinculadas al narcotráfico en marzo y abril de 2025, y refuerza la estrategia de la administración Trump para atacar las finanzas de los cárteles como parte de la iniciativa “Operation Take Back America”. El debate sobre la efectividad de estas sanciones y su impacto en la relación México-Estados Unidos promete intensificarse en los próximos días.
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