El senador del PAN, Ricardo Anaya, denunció que las reformas aprobadas en el periodo extraordinario de sesiones del Congreso, impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, permiten al gobierno federal espiar a los ciudadanos sin autorización judicial, accediendo a información personal como compras en línea, pedidos de comida, viajes y geolocalización en tiempo real. Estas acusaciones, centradas en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, han generado un intenso debate sobre la privacidad y el control estatal.
-Detalles de las Acusaciones- Anaya afirmó que la obligatoriedad de la CURP Biométrica, establecida en la Ley General de Población, permitirá al gobierno acceder a datos sensibles de cualquier ciudadano con solo teclear su Clave Única de Registro de Población (CURP). Según el senador, esto incluye:Compras en línea: Transacciones en plataformas como Amazon, Mercado Libre o servicios de delivery como Rappi y Uber Eats.
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Viajes y hospedaje: Información sobre boletos de autobús, avión o reservas de hotel. - Geolocalización en tiempo real: Seguimiento de la ubicación de ciudadanos a través de sus teléfonos móviles, sin necesidad de una orden judicial, según lo que originalmente contemplaba el artículo 160 de la Ley de Telecomunicaciones.
- Otros registros: Acceso a datos biométricos (huellas dactilares, fotografías), registros fiscales, propiedades, cuentas bancarias e incluso historiales médicos.
Anaya calificó estas reformas como un intento de consolidar un “gobierno espía”, argumentando que el gobierno de Morena busca controlar a la población, incluyendo a sus propios aliados, bajo el pretexto de combatir la inseguridad y la desaparición forzada. Alertó que la Plataforma Única de Identidad (PUI), creada para gestionar la CURP Biométrica, podría ser vulnerable a hackeos, exponiendo datos sensibles a criminales, y criticó que esta información podría compartirse con Estados Unidos, afectando a migrantes mexicanos que usan identidades diferentes en ese país.
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Contexto de las Reformas Las reformas aprobadas en julio de 2025 incluyen: Ley de Telecomunicaciones: Aunque el artículo 160, que permitía la geolocalización sin orden judicial, fue eliminado tras críticas, Anaya sostiene que otras disposiciones aún permiten vigilancia masiva.
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Ley General de Población: Establece la CURP Biométrica como obligatoria para trámites y servicios, públicos o privados, recopilando datos biométricos y vinculándolos a actividades cotidianas.
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Ley de Desaparición Forzada: Crea una base de datos forense con perfiles genéticos y biométricos, supuestamente para agilizar la búsqueda de personas desaparecidas, pero Anaya advierte que se usa como excusa para justificar un “superaparato de vigilancia”.
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Respuesta del Gobierno- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, rechazó las acusaciones, afirmando que no existe un solo artículo que promueva censura o vigilancia injustificada. Según Monreal, las reformas buscan cerrar la brecha digital, garantizar acceso universal a internet y agilizar la búsqueda de personas desaparecidas mediante herramientas tecnológicas. La presidenta Sheinbaum y José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), aseguraron que cualquier intervención de comunicaciones requiere autorización judicial, conforme a la legislación vigente desde 2014.
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Críticas y Preocupaciones- Anaya, respaldado por el PAN, el PRI y organizaciones como R3D, sostiene que la concentración de datos en la ATDT y la PUI representa un riesgo para la privacidad. La senadora priista Claudia Anaya destacó que la obligatoriedad de la CURP Biométrica fuerza a los ciudadanos a entregar datos sensibles para acceder a servicios básicos, y alertó sobre la vulnerabilidad de la plataforma ante ciberataques, citando hackeos previos como el de Pemex. Organizaciones civiles temen que estas leyes violen el T-MEC y normas internacionales de derechos humanos al carecer de controles ciudadanos efectivos.
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Impacto Potencial- Privacidad ciudadana: La recopilación masiva de datos podría exponer a los mexicanos a abusos de poder o filtraciones, especialmente en un contexto de creciente ciberdelincuencia. - Relaciones con EE.UU.: Anaya advirtió que compartir datos biométricos con EE.UU. podría facilitar deportaciones masivas de migrantes, afectando a millones de mexicanos que trabajan bajo identidades distintas.
- Desconfianza pública: Las acusaciones han generado rechazo en redes sociales, con hashtags como #GobiernoEspía, reflejando el temor a un estado autoritario.
Las acusaciones de Ricardo Anaya han puesto en el centro del debate las reformas de 2025, que, aunque justificadas por el gobierno como medidas para la seguridad y la inclusión digital, son vistas por la oposición como un intento de vigilancia masiva. A pesar de modificaciones para eliminar artículos controvertidos, como el 160, persisten preocupaciones sobre la privacidad y el uso político de los datos. Anaya y el PAN exigen un parlamento abierto para revisar estas leyes, mientras Morena defiende su legalidad y utilidad. El futuro de estas reformas dependerá de su implementación y de la capacidad del gobierno para garantizar la protección de datos ciudadanos.
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