El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva titulada “Ending Vagrancy and Restoring Order” que busca facilitar a los gobiernos estatales y locales la remoción de personas sin hogar de las calles, trasladándolas a centros de tratamiento para trastornos mentales o adicciones, incluso sin su consentimiento.
-La orden redirige fondos federales hacia programas que prioricen la sobriedad y el tratamiento, y hacia ciudades que prohíban el campamento de personas sin hogar, el consumo de drogas ilícitas en espacios públicos y el merodeo.
-Esta medida, que cumple una promesa de campaña de Trump, ha generado críticas por parte de organizaciones de derechos civiles y expertos, quienes la consideran ineficaz, poco ética e ilegal, argumentando que criminaliza la pobreza y no aborda las causas estructural Mediación de la pobreza estructural, como la falta de vivienda asequible.
Detalles de la orden ejecutiva:
Objetivo principal:L a orden busca “restaurar el orden” en las ciudades estadounidenses, afirmando que la “vagancia endémica, el comportamiento desordenado y los ataques violentos” han hecho que las calles sean inseguras. Según la orden, el 66% de las personas sin hogar reportan haber consumido drogas duras (como metanfetaminas, cocaína u opioides) y una proporción similar sufre de condiciones de salud mental.
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Medidas específicas:
Instrucciones al Departamento de Justicia: Dirige a la Fiscal General Pam Bondi a revertir precedentes judiciales y acuerdos de consentimiento que limitan la capacidad de los gobiernos locales para internar a personas que representen un riesgo para sí mismas o para otros, promoviendo el uso de internamiento civil involuntario.
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Redirección de fondos federales: Prioriza la financiación para programas que exijan sobriedad y tratamiento, y para ciudades que implementen prohibiciones de campamentos de personas sin hogar, consumo de drogas en público, merodeo y ocupación ilegal de espacios.
Restricciones en programas de asistencia: Prohíbe el uso de fondos federales para sitios de inyección de drogas o programas de “reducción de daños” que, según la orden, facilitan el consumo de drogas ilícitas. También impide que los delincuentes sexuales registrados que reciben asistencia para personas sin hogar sean alojados con niños y permite programas exclusivos para mujeres y niños.
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Fin de la política de “vivienda primero”: La orden critica las políticas de “Housing First” (vivienda primero), que priorizan proporcionar vivienda antes del tratamiento, argumentando que no promueven el “tratamiento, la recuperación y la autosuficiencia”. En su lugar, fomenta programas que exijan tratamiento como condición para recibir asistencia.
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Contexto legal y social:La orden se basa en una decisión de la Corte Suprema de 2024 (City of Grants Pass v. Johnson), que dictaminó que penalizar a las personas por dormir en espacios públicos no constituye un castigo cruel e inusual, permitiendo a las ciudades imponer multas o arrestos. Desde entonces, más de 100 ciudades en más de 24 estados han fortalecido o implementado prohibiciones de campamentos de personas sin hogar.
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En 2024, se registraron 771,480 personas sin hogar en una sola noche en EE.UU., un aumento del 18% respecto a 2023, según el conteo del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). De estas, el 36% vivía en la calle, en vehículos o en campamentos.
Críticas y reacciones: Organizaciones de derechos civiles: La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Nacional de Ley sobre Personas sin Hogar condenaron la orden, argumentando que criminaliza la pobreza y las enfermedades mentales, viola derechos fundamentales y no aborda la escasez de vivienda asequible, un factor clave en el aumento del sinhogarismo.
La orden elimina fondos para programas de “reducción de daños”, como los que proporcionan agujas limpias, a pesar de que investigaciones, incluido el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), han demostrado que estos programas reducen sobredosis y salvan vidas.
Críticas sobre efectividad: Organizaciones como la National Alliance to End Homelessness y expertos como Regina La Belle de la Universidad de Georgetown argumentan que el internamiento forzado es ineficaz, poco ético e ilegal, y que la solución radica en aumentar el acceso a vivienda asequible y servicios de salud voluntarios.
Preocupaciones sobre recursos: Críticos señalan que los estados carecen de espacio suficiente en hospitales o cárceles para internar a más personas, y la orden no especifica cómo se financiarán los centros de tratamiento adicionales, especialmente tras recortes al Medicaid, que es el principal pagador de servicios de salud mental y tratamiento de adicciones.
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Contexto político:La orden cumple una promesa de campaña de Trump de 2023, donde afirmó que usaría “todas las herramientas, palancas y autoridades” para sacar a las personas sin hogar de las calles.
En marzo de 2025, Trump firmó otra orden ejecutiva para desmantelar el Consejo Interagencial de EE.UU. sobre Personas sin Hogar, que coordinaba políticas de vivienda primero, y otra para limpiar campamentos en tierras federales, especialmente en Washington, D.C.
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La orden se enmarca en la agenda de Trump de “Hacer que América sea Segura de Nuevo”, según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien afirmó que busca garantizar la seguridad de las comunidades y ayudar a las personas con problemas de adicciones o salud mental.
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Conclusión:
La orden ejecutiva de Trump busca abordar el sinhogarismo mediante la remoción de personas de las calles y su traslado a centros de tratamiento, priorizando la sobriedad y el internamiento civil. Sin embargo, enfrenta críticas por no abordar la raíz del problema, como la falta de vivienda asequible, y por promover políticas que, según expertos, son ineficaces y violan derechos civiles.
-La falta de claridad sobre el financiamiento de los centros de tratamiento y los recortes a programas como Medicaid generan dudas sobre su viabilidad. Organizaciones de derechos humanos advierten que la medida podría exacerbar el sinhogarismo y aumentar la criminalización de las personas sin hogar, mientras que los defensores de Trump la ven como un paso hacia la seguridad pública y la atención a problemas de salud mental y adicciones.
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