El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó en mayo de 2025 la ley HB 1255, que permite a las escuelas públicas y chárter aplicar castigos corporales a estudiantes, siempre que los padres otorguen su consentimiento previo. Esta legislación, que entró en vigor el 1 de julio de 2025, exige que los distritos escolares que permitan esta práctica adopten una política formal aprobada por la junta escolar, la cual debe revisarse cada tres años.
Los padres pueden autorizar el castigo corporal al inicio del año escolar o antes de cada instancia. La ley surge tras un esfuerzo de cuatro años liderado por estudiantes de la Universidad de Florida, quienes inicialmente buscaban prohibir el castigo corporal, especialmente para estudiantes con discapacidades, pero llegaron a un compromiso debido a la resistencia de comunidades conservadoras.
Según datos del Departamento de Educación de Florida, en el ciclo escolar 2023-2024 se registraron 516 casos de castigo corporal en 19 distritos escolares, con una aplicación desproporcionada en estudiantes con discapacidades (40% de los casos, aunque representan el 20% de la matrícula).La medida ha generado controversia. Sus defensores, como Moms for Liberty, argumentan que fortalece los derechos parentales, mientras que críticos, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, consideran el castigo corporal una violación de los derechos infantiles, asociándolo con daños físicos y mentales, como dolor, lesiones y problemas de salud mental.
Algunos legisladores, como Christopher Benjamin, abogan por una prohibición total, señalando que el castigo corporal no debería ser un derecho de las escuelas. Actualmente, Florida es uno de los 17 estados de EE.UU. que permite el castigo corporal en escuelas, una práctica concentrada en condados rurales como Suwannee, Holmes y Liberty. La ley no aplica a escuelas privadas, y distritos como Brevard, Lee y Collier ya prohíben esta práctica.
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