Voto de reos en México
En México, las personas en prisión preventiva (sin sentencia firme) tienen derecho a votar, gracias a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en 2019, que ampara este derecho bajo el principio de presunción de inocencia. Este derecho se implementó progresivamente mediante pruebas piloto, comenzando en 2021 en cinco cárceles federales (Chiapas, Sonora, Guanajuato, Morelos y Michoacán), donde el 95% de 920 reclusos habilitados votaron. En 2023, más de 4,000 reos votaron en las elecciones del Estado de México, y en 2024, más de 50,000 personas en prisión preventiva participaron en las elecciones presidenciales, aunque Veracruz y Yucatán bloquearon este derecho.
El proceso de votación en prisiones mexicanas es anticipado (6 al 20 de mayo para 2024) y utiliza sobres especiales para garantizar la secrecía, con el cómputo realizado el día de la elección general (2 de junio). Sin embargo, casi la mitad de los reclusos en prisión preventiva no pueden votar por no tener una credencial de elector vigente, ya que estas caducan cada 10 años y muchos carecen de documentos para renovarlas en prisión. Organizaciones como CEA-Justicia han señalado la necesidad de mejorar el acceso a información electoral, como debates y propuestas de partidos, para garantizar un voto informado.
Jornada de credencialización del INE en prisiones
El Instituto Nacional Electoral (INE) inició en 2025 la primera jornada de credencialización en prisiones de todo México, con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad de las personas privadas de la libertad, tanto en prisión preventiva como con sentencia. Según Marco Antonio Cruz Izalde, vocal del Registro Federal de Electores, el INE planea ingresar a los centros de reclusión para tramitar credenciales, no solo para votar, sino como documento de identificación oficial. El proceso se realizará por citas, con varias rondas para cubrir todas las prisiones, coordinándose con autoridades penitenciarias. Los familiares podrán proporcionar la documentación necesaria, y el INE tomará datos y fotos en las cárceles, entregando las credenciales posteriormente. Este trámite es crucial, ya que muchos reclusos pierden su credencial al ser detenidos o no la tienen actualizada.
Voto de reos en Estados Unidos
En EUA, el derecho al voto de los reos varía según el estado. Los prisioneros condenados por delitos menores o en espera de juicio (equivalente a prisión preventiva) no pierden su derecho al voto, aunque la falta de información y facilidades logísticas a menudo lo dificulta. Por ejemplo, en la cárcel del condado de Cook, Illinois, cientos de reclusos votaron en elecciones locales recientes. Sin embargo, en la mayoría de los estados, las personas con condenas por delitos graves pierden este derecho, temporal o permanentemente, dependiendo de la legislación estatal. Activistas, como el senador Bernie Sanders en 2019, han propuesto extender el derecho al voto a todos los reclusos, argumentando que fomenta la reinserción social, pero esta idea sigue siendo controvertida.
Comparación y contexto
En México, el derecho al voto está limitado a quienes no tienen sentencia firme, y la credencialización busca ampliar el acceso a la identidad y, potencialmente, al voto. En EUA, las restricciones son más severas para los sentenciados, pero los programas en cárceles como la de Cook muestran avances en la participación electoral. En ambos países, el voto en prisión enfrenta retos logísticos y de acceso a información, pero México ha avanzado más en garantizar este derecho constitucional para los no sentenciados, mientras que en EUA depende de la legislación estatal.
Que sucede el final
La iniciativa del INE de llevar credenciales a las prisiones mexicanas es un paso hacia la inclusión y el respeto a los derechos humanos, no solo para votar, sino para garantizar la identidad de los reclusos. En México, el voto en prisión preventiva es un derecho reconocido, mientras que en EUA está más restringido y varía por estado. Organizaciones y activistas en ambos países coinciden en que el voto en prisión fortalece la reinserción social y la democracia inclusiva, aunque persisten desafíos como la falta de credenciales vigentes y el acceso a información electoral
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