La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la venta y suministro de bebidas energéticas a menores de 18 años, con el objetivo de proteger la salud de los adolescentes ante los riesgos cardiovasculares, neurológicos y psicológicos asociados a su consumo, especialmente cuando se mezclan con alcohol. La iniciativa, impulsada por los diputados Ricardo Monreal Ávila (Morena) y José Luis Fernández Martínez (PVEM), fue avalada en el pleno con 401 votos a favor y turnada al Senado para su revisión final.
La medida responde al aumento exponencial del consumo de estas bebidas entre jóvenes de 15 a 18 años, impulsado por campañas publicitarias dirigidas a este grupo y su fácil acceso en tiendas, plataformas digitales e incluso escuelas. Estudios de la Secretaría de Salud y organismos internacionales, como la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, destacan efectos adversos como arritmias cardíacas, hipertensión y formación de aneurismas, que pueden ser fatales en combinación con alcohol.
La reforma adiciona la fracción II Bis al artículo 215, incorpora el artículo 216 Ter y modifica el artículo 419 de la Ley General de Salud. Define las bebidas energéticas como aquellas no alcohólicas que contienen mezclas de cafeína, taurina, glucoronolactona, tiamina u otras sustancias con efectos estimulantes similares.
La Secretaría de Salud quedará facultada para precisar estas sustancias en futuras regulaciones.
Quienes incumplan la prohibición enfrentarán multas de hasta 2 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 226 mil 280 pesos, lo que busca disuadir a comercios y distribuidores. Durante el debate, legisladores de todos los partidos celebraron la aprobación, aunque advirtieron la necesidad de regular la publicidad engañosa y extender restricciones a la mezcla con alcohol, como ya ocurre en países como Rusia. La iniciativa incorporó una reserva de Monreal, suscrita por el panista Éctor Jaime Ramírez Barba, para incluir estudios técnicos sobre la composición de estas bebidas.
Esta aprobación forma parte de un esfuerzo más amplio por priorizar la prevención en salud pública, en un contexto donde México destina más de 107 mil millones de pesos anuales a tratamientos curativos, frente a solo 11 mil millones en medidas preventivas. Padres de familia y expertos en salud han aplaudido la medida, considerándola un paso clave para reducir el consumo irresponsable entre menores.
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