Esto, advirtió, colocaría al INE en el centro de la disputa política.
“El INE no puede, ni debe, convertirse en juez y parte de una contienda política. Nuestra función constitucional es organizar elecciones, garantizar condiciones de equidad, certeza, legalidad y transparencia”, afirmó Taddei.
Agregó que la función del Instituto no es validar la integridad de las candidaturas ni calificar antecedentes de los aspirantes, ya que eso vulneraría su rol de árbitro neutral.
- Ataques políticos de todos los bandos: partidos acusarían al Instituto de parcialidad si “baja” o avala candidaturas.
- Presiones del crimen organizado, que podría intentar infiltrar, amenazar o corromper el proceso de verificación.
- Sobrecarga operativa: revisar decenas de miles de perfiles para las elecciones de 2027 generaría litigios masivos ante el Tribunal Electoral.
- Pérdida de confianza ciudadana: si se percibe que el INE actúa como extensión del gobierno (especialmente tras las recientes reformas), su credibilidad se erosionaría aún más.
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¿Qué pudiera pasar?
- Escalada de polarización — La oposición ya califica la propuesta como insuficiente y acusa que, con un INE percibido como afín a Morena, la comisión no sería imparcial.
- Litigios y bloqueos — Partidos y candidatos impugnados recurrirían masivamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), saturando el sistema.
- Mayor intervención federal — Si el INE rechaza la comisión, el gobierno podría impulsar reformas más profundas o trasladar la responsabilidad a otras instituciones.
- Riesgos reales de infiltración — Sin un mecanismo efectivo, el problema de candidatos con presuntos vínculos al narco persistiría, como se ha denunciado en procesos electorales anteriores.
- Debate sobre responsabilidades — Expertos señalan que la tarea de investigar delitos corresponde más a las autoridades de procuración de justicia que a un organismo electoral.
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La propuesta forma parte de las iniciativas enviadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum para las elecciones intermedias de 2027. Por ahora, el INE mantiene su postura: su rol es organizar elecciones limpias, no fungir como policía o juez de los candidatos. El tema seguirá generando controversia en los próximos días en el Congreso.
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