Organizaciones no gubernamentales, como Artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), han levantado la voz contra la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada en comisiones del Senado con 29 votos a favor y 9 en contra. Las ONG’s advierten que esta legislación podría ser utilizada para censurar a la prensa y restringir la libertad de expresión en México.
Según Artículo 19, la ley otorga al Ejecutivo, a través de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), facultades excesivas para controlar el espectro radioeléctrico, las concesiones y la supervisión de contenidos, lo que podría derivar en un régimen de censura y preferencia hacia medios afines al gobierno. La organización señaló que el proceso legislativo ha carecido de transparencia, sin discusión ni parlamento abierto, y calificó la iniciativa como una “copia mal estructurada” de la reforma de 2014.
Por su parte, R3D destacó que la ATDT tendría la capacidad de bloquear plataformas digitales enteras por “incumplimiento de normativas”, sin especificar qué autoridades o procedimientos lo justificarían. Esta medida, según la organización, equivale a cerrar una estación de radio o televisión y viola la prohibición de censura previa establecida en la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, la ley permite a la Agencia acceder a registros de usuarios de servicios móviles, lo que representa una amenaza a la privacidad.
Senadores de oposición, como Alejandro Moreno del PRI y Lilly Téllez, han calificado la iniciativa como una “ley de censura” que busca controlar medios y redes sociales, limitando el derecho a la información y atentando contra la democracia. Moreno advirtió que la ley podría violar tratados internacionales como el T-MEC, mientras que Téllez acusó al gobierno de pretender “apagar” plataformas como X para silenciar voces disidentes.
La presidenta Sheinbaum ha negado que la ley busque censurar, argumentando que su objetivo es regular la propaganda extranjera en medios mexicanos y garantizar la soberanía comunicativa. En conferencia de prensa, reconoció que el artículo 109, relacionado con plataformas digitales, podría requerir ajustes en su redacción para evitar malentendidos, pero insistió en que su gobierno está en contra de la censura.
El dictamen será discutido en el pleno del Senado el próximo lunes, en medio de críticas por la aprobación “fast track” en comisiones. Organizaciones civiles y el sector privado, como la International Chamber of Commerce México, han exigido un debate transparente y un parlamento abierto para garantizar que la ley no vulnere derechos fundamentales ni compromisos internacionales.
La nueva ley, que reemplazaría a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, también plantea la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), trasladando sus funciones a la ATDT, lo que ha generado preocupaciones sobre la concentración de poder en el Ejecutivo.
Mientras el debate continúa, las ONG’s y la oposición instan a la ciudadanía a informarse y presionar para evitar que esta legislación limite las libertades de expresión y prensa en México.
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