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Que contiene el proyecto de ley telecom de Claudia Sheinbaum

El proyecto de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión propuesto por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en abril de 2025, busca establecer un nuevo marco legal para el sector de telecomunicaciones y radiodifusión en el país, reemplazando la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) vigente.
Este proyecto surge tras la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y otros órganos autónomos, como parte de una reforma constitucional de simplificación administrativa aprobada en diciembre de 2024. 
¿De qué trata el proyecto?
El proyecto tiene como objetivos principales:
  1. Fortalecer la soberanía digital y recuperar atribuciones del Estado mexicano en la regulación del espectro radioeléctrico, las concesiones y los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.
  2. Crear la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), una entidad con amplias facultades para regular el sector, asumiendo las funciones que antes tenía el IFT.
  3. Prohibir la transmisión de propaganda política o ideológica de gobiernos extranjeros en medios mexicanos, motivado por la controversia generada por un spot antiinmigrante del gobierno de Estados Unidos transmitido en cadenas mexicanas.
  4. Reducir la brecha digital, que afecta a unos 25 millones de mexicanos, y promover el acceso a internet como un derecho humano, especialmente en zonas rurales.
  5. Modernizar el sector para alinearlo con tecnologías emergentes como 5G, el Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial y el nearshoring, en el contexto del Plan México de Sheinbaum.

Sin embargo, el proyecto ha generado controversia por preocupaciones sobre posibles restricciones a la libertad de expresión, centralización del poder regulatorio y su impacto en la industria, que representa un mercado de aproximadamente 35,000 millones de dólares y emplea directamente a 302,000 personas.
¿Qué contiene el proyecto?
El documento, de 311 páginas y 310 artículos (incluyendo transitorios), incluye las siguientes disposiciones clave:
  1. Creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT):
    • La ATDT será una “supersecretaría” que asumirá las funciones del IFT, como la regulación, supervisión y sanción en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión.
    • Tendrá facultades para otorgar, renovar y revocar concesiones, supervisar el uso del espectro radioeléctrico y coordinar la homologación y digitalización de trámites.
    • A diferencia del IFT, no se encargará de temas de competencia económica, que serán transferidos a un nuevo organismo antimonopolios.
    • Críticas: La centralización de poder en la ATDT ha sido señalada como un riesgo para la autonomía regulatoria y por posibles conflictos de interés, ya que el Estado actuaría como “jugador y árbitro” en el mercado.
  2. Prohibición de propaganda extranjera:
    • Se prohíbe a concesionarios de radio, televisión y plataformas digitales transmitir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos o entidades extranjeras.
    • Esta medida responde a casos como la transmisión de spots antiinmigrantes del gobierno de Donald Trump en Televisa, considerada una intromisión en la soberanía informativa.
    • Se reincorpora un artículo derogado en 2014 que impedía este tipo de contenidos.
  3. Polémico artículo 109:
    • Este artículo permitía a la ATDT solicitar el bloqueo temporal de plataformas digitales en caso de incumplimiento de normativas, como obligaciones fiscales (por ejemplo, con el SAT) o de seguridad.
    • Generó críticas por parte de la oposición, medios y organizaciones como Artículo 19 y la ONU, quienes lo señalaron como una potencial herramienta de censura al carecer de controles judiciales claros.
    • Sheinbaum reconoció la controversia y ordenó modificar o eliminar este artículo para evitar interpretaciones de censura, asegurando que el gobierno no busca restringir la libertad de expresión en plataformas como Facebook o YouTube.
  4. Apoyo a radios comunitarias e indígenas:
    • Las estaciones de radio públicas, sociales, comunitarias, indígenas y afromexicanas podrán comercializar hasta 40 segundos de publicidad local por hora, lo que les permitirá financiar sus operaciones más allá de donativos o subsidios gubernamentales.
    • Se reserva un tramo de las bandas de FM y AM para estas emisoras, fomentando la diversidad de voces en la radio mexicana.
  5. Modernización y conectividad:
    • El proyecto busca garantizar el acceso universal a internet, integrando infraestructura existente (como la de CFE Telecomunicaciones, Altán Redes y recursos satelitales) para conectar 66,062 localidades sin servicio, donde viven más de 8 millones de personas.
    • Promueve el despliegue de redes 5G y la adopción de tecnologías digitales para mejorar la competitividad de las empresas en el marco del Plan México.
    • Incluye medidas para simplificar trámites relacionados con la instalación y mantenimiento de infraestructura de telecomunicaciones.
  6. Sanciones y multas:
    • Establece multas significativas para concesionarios que violen la prohibición de transmitir propaganda extranjera, lo que generó críticas de empresas como TV Azteca y Televisa, quienes acusaron al gobierno de autoritarismo.
    • La ATDT tendrá la facultad de aplicar sanciones, lo que ha levantado preocupaciones sobre posibles arbitrariedades.

Contexto y controversias
  • Eliminación del IFT: La desaparición del IFT, decretada en diciembre de 2024, se justificó por su supuesta ineficiencia en combatir monopolios y cerrar la brecha digital. Sin embargo, expertos advierten que la fragmentación de sus funciones entre la ATDT, la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte (SICT) y un nuevo organismo antimonopolios podría generar incertidumbre, mayores costos administrativos y un retroceso de hasta 20 años en conectividad.
  • Acusaciones de censura: La oposición (PRI, PAN, MC) y organismos como el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) han calificado el proyecto como un intento de “censura pura y ruda”, especialmente por el artículo 109. Sheinbaum ha negado estas acusaciones, insistiendo en que el objetivo es regular, no censurar, y ha pedido un diálogo abierto con expertos y empresarios.
  • Impacto económico: La industria de telecomunicaciones y radiodifusión teme que la nueva regulación incremente costos operativos y desincentive inversiones, afectando un sector clave para la economía mexicana.
  • Proceso legislativo: Inicialmente, el proyecto buscaba aprobarse en “fast track” antes del fin del periodo ordinario del Congreso (30 de abril de 2025). Sin embargo, tras la controversia, Sheinbaum pidió posponer su discusión para un periodo extraordinario en mayo o junio, abriendo un proceso de diálogo con la Junta de Coordinación Política del Senado para enriquecer la propuesta.
Estado actual
  • El proyecto fue aprobado en comisiones del Senado el 24 de abril de 2025, con 29 votos a favor (Morena, PVEM, PT) y 9 en contra (PAN, PRI, MC). Sin embargo, su discusión en el Pleno, prevista para el 29 de abril, fue pospuesta para permitir un análisis más profundo.
  • Sheinbaum ha enfatizado que la ley no se impondrá sin consenso y que se modificará para garantizar que no haya dudas sobre la libertad de expresión.