El 28 de abril de 2025, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), anunció el inicio de “transferencias de agua inmediatas” a Estados Unidos para cumplir con las obligaciones del Tratado de Aguas de 1944. Este acuerdo busca resolver la controversia generada por el incumplimiento de México en la entrega de agua al río Bravo, tras las amenazas del presidente Donald Trump de imponer aranceles y sanciones.
Según el tratado, México debe entregar 2,158 millones de metros cúbicos de agua cada cinco años a EE. UU. desde los afluentes del río Bravo, pero debido a una prolongada sequía, solo se han transferido aproximadamente 600 millones de metros cúbicos en el ciclo actual, que finaliza el 24 de octubre de 2025. El agua se extraerá de embalses internacionales como las presas La Amistad y Falcón, según lo anunciado por el subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau.
El titular de Sader, Julio Berdegué, dialogó con su homóloga estadounidense, Brooke Rollins, y con Landau, reafirmando el compromiso de México. Además, se discutieron programas de tecnificación de riego en distritos de Baja California, Chihuahua y Tamaulipas para optimizar el uso del agua. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que México cumplirá “en la medida de la disponibilidad” debido a tres años de sequía, y descartó renegociar el tratado, considerándolo “justo”.
Sin embargo, expertos advierten que extraer agua de estados como Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas podría afectar la agricultura y ganadería locales, ya que la sequía ha reducido significativamente los niveles de almacenamiento en las presas mexicanas. México enfrenta el desafío de equilibrar sus compromisos internacionales con las necesidades internas en un contexto de crisis hídrica agravada por el cambio climático.
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