La orden ejecutiva de Trump pretende reinterpretar la cláusula de la 14ª Enmienda que garantiza la ciudadanía a “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción”. El argumento del gobierno de Trump se centra en que los hijos de inmigrantes indocumentados no están “sujetos a la jurisdicción” de EE. UU., por lo que no deberían recibir la ciudadanía automáticamente. Esta interpretación busca revertir el principio de jus soli (derecho de suelo), vigente en EE. UU. desde 1868.
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Bloqueos judiciales: Al menos tres jueces federales han bloqueado la medida de manera temporal o definitiva. Por ejemplo, una jueza federal en Maryland emitió un bloqueo definitivo el 6 de febrero de 2025, argumentando que la orden viola la Constitución. Otros bloqueos ocurrieron el 5 y 10 de febrero de 2025.
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Intervención de la Corte Suprema: El 17 de abril de 2025, la Corte Suprema anunció que revisará los argumentos legales contra la orden ejecutiva. El 15 de mayo de 2025, el tribunal comenzó a escuchar argumentos en tres solicitudes de emergencia consolidadas, lo que indica que una decisión podría estar próxima. La administración Trump ha solicitado que se permita implementar parcialmente las restricciones mientras se resuelve el caso.
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La ciudadanía por nacimiento en EE. UU. está fundamentada en la 14ª Enmienda, ratificada en 1868, que establece que cualquier persona nacida en territorio estadounidense es ciudadano, con excepciones limitadas (como hijos de diplomáticos extranjeros). Este principio, conocido como jus soli incondicional, beneficia anualmente a miles de niños, incluyendo a unos 300,000 nacidos de padres indocumentados, según estimaciones recientes.
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Si se implementa, la orden negaría la ciudadanía automática a niños nacidos en EE. UU. de padres sin estatus migratorio legal, afectando a comunidades de inmigrantes y generando incertidumbre sobre el estatus legal de estos menores.
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Organizaciones como el National Immigration Forum han advertido que la medida podría violar derechos constitucionales y generar un aumento en la población sin estatus legal, complicando aún más el sistema migratorio.
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Críticos, como el editor de inmigración Jorge Cancino, han señalado que la orden busca desincentivar la migración indocumentada, pero podría tener consecuencias humanitarias y legales significativas.
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Los opositores argumentan que una orden ejecutiva no puede modificar una enmienda constitucional, que requeriría una reforma aprobada por dos tercios del Congreso y tres cuartos de los estados.
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La Corte Suprema, con una mayoría conservadora, será clave. Sin embargo, incluso jueces conservadores podrían rechazar la orden si consideran que excede la autoridad presidencial.
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Normativa: Un niño nacido en Suecia no adquiere automáticamente la ciudadanía sueca a menos que al menos uno de sus padres sea ciudadano sueco o residente permanente con ciertos requisitos. Por ejemplo:
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Si un progenitor es ciudadano sueco, el niño recibe la ciudadanía al nacer, independientemente de dónde ocurra el nacimiento.
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Los hijos de residentes permanentes pueden solicitar la ciudadanía tras cumplir ciertos requisitos de residencia (generalmente 3 a 5 años) o al alcanzar la mayoría de edad, si han vivido en Suecia desde la infancia.
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Excepciones: Los niños apátridas nacidos en Suecia pueden solicitar la ciudadanía bajo circunstancias específicas, pero el proceso no es automático.
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Racional: Suecia prioriza la integración a largo plazo y los lazos familiares sobre el lugar de nacimiento, reflejando una política migratoria más restrictiva que la de EE. UU..
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Canadá: Similar a EE. UU., Canadá aplica el jus soli incondicional, otorgando ciudadanía a cualquier persona nacida en su territorio, con excepciones para hijos de diplomáticos.
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Reino Unido: Combina jus soli y jus sanguinis. Un niño nacido en el Reino Unido es ciudadano si al menos uno de sus padres es ciudadano británico o residente permanente. Desde 1983, el jus soli puro fue eliminado.
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Australia: Hasta 1986, Australia seguía el jus soli incondicional. Ahora, un niño nacido en Australia es ciudadano solo si al menos uno de sus padres es ciudadano o residente permanente, o si el niño reside en el país durante 10 años consecutivos.
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México: Aplica el jus soli incondicional, similar a EE. UU., otorgando ciudadanía a cualquier persona nacida en territorio mexicano, además de ofrecer ciudadanía por jus sanguinis a hijos de mexicanos nacidos en el extranjero.
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Solo 35 países, principalmente en las Américas (como EE. UU., Canadá, México y Brasil), aplican el jus soli incondicional. En contraste, la mayoría de los países europeos, como Suecia, Alemania y Francia, favorecen el jus sanguinis o sistemas mixtos que requieren residencia o integración.
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Países como India y Sudáfrica han restringido el jus soli en las últimas décadas para controlar la migración y preservar recursos nacionales.
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Impacto social: La restricción de la ciudadanía por nacimiento podría generar una nueva clase de personas sin estatus legal, aumentando la vulnerabilidad de comunidades inmigrantes y complicando el acceso a servicios básicos como educación y salud.
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Impacto político: La medida es vista como parte de la agenda antiinmigrante de Trump, que incluye deportaciones masivas y restricciones migratorias. Sin embargo, los bloqueos judiciales reflejan la fortaleza de las salvaguardas constitucionales.
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Futuro incierto: La decisión de la Corte Suprema será crucial. Si el tribunal falla en contra de la orden, reforzará la 14ª Enmienda. Si la avala, podría sentar un precedente para reinterpretar otros derechos constitucionales.
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El sistema sueco, al basarse en el jus sanguinis, reduce el número de ciudadanos por nacimiento en el país, lo que facilita el control migratorio pero puede limitar la integración de hijos de inmigrantes. Por ejemplo, en Suecia, los niños nacidos de padres indocumentados suelen enfrentar procesos largos para obtener la ciudadanía, lo que contrasta con la automaticidad del sistema estadounidense.
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Sin embargo, Suecia compensa con políticas de integración, como acceso a educación y salud para todos los menores, independientemente de su estatus migratorio, algo que no está garantizado en EE. UU. para los hijos de indocumentados.
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La orden de Trump ha sido criticada por expertos legales y defensores de derechos humanos, quienes argumentan que socava un pilar fundamental de la identidad estadounidense: la igualdad de derechos para todos los nacidos en el país. Por otro lado, sus defensores, incluido Trump, sostienen que el jus soli incondicional incentiva la migración ilegal y sobrecarga los recursos nacionales.
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