La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó el informe preliminar de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la elección judicial del 1 de junio de 2025, que permitió la elección por voto popular de más de 880 cargos judiciales, incluidos nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Durante una gira en Coatetelco, Morelos, el 7 de junio de 2025, Sheinbaum declaró: “No está dentro de sus funciones dar recomendaciones de cómo un país debe decidir su Poder Judicial”.
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El informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA criticó el proceso, recomendando no replicar el modelo en otros países debido a la baja participación electoral del 13%, polarización, falta de información entre los votantes y riesgos de influencia partidista por el uso de “acordeones” (listas de candidatos sugeridos). La OEA señaló que estos factores, junto con la complejidad del proceso, generaron dudas sobre la efectividad de la elección popular para garantizar un Poder Judicial independiente.
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Sheinbaum defendió la elección como un “éxito” y un avance hacia una democracia participativa, destacando que cerca de 13 millones de mexicanos participaron y que la reforma, impulsada por su antecesor Andrés Manuel López Obrador, busca erradicar la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial. La mandataria afirmó que el proceso fue transparente y libre, aunque reconoció que es “perfectible” de cara a las elecciones judiciales de 2027.
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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respaldó la postura de Sheinbaum, enviando una nota diplomática al secretario general de la OEA, Albert Ramdin, donde expresó su “firme rechazo” a las recomendaciones del informe. La SRE argumentó que la MOE excedió su mandato al emitir “juicios de valor” que violan el Artículo 3(e) de la Carta de la OEA, el cual protege la soberanía de los Estados para organizar sus sistemas políticos sin injerencias externas.
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La respuesta de Sheinbaum y la SRE refleja una defensa firme de la soberanía mexicana frente a las críticas internacionales. Mientras la OEA cuestiona la viabilidad del modelo de elección judicial, el gobierno mexicano insiste en su carácter democrático, marcando una tensión en las relaciones con el organismo regional
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