La propuesta del Infonavit de permitir que ocupantes irregulares de viviendas abandonadas puedan regularizar su situación mediante esquemas de renta con opción a compra ha generado fuertes críticas de fuerzas políticas opositoras en México, particularmente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sectores conservadores. A pesar de las aclaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que “la propiedad privada está resguardada” y que no se despojará a los legítimos propietarios, la oposición considera que el programa podría incentivar la impunidad y debilitar el derecho a la propiedad.
El senador priista Manuel Añorve, coordinador parlamentario del PRI, calificó la iniciativa como “un paso peligrosísimo” que “premia el delito” y “castiga la legalidad”. En una publicación en X, Añorve argumentó que permitir a los invasores adquirir viviendas a bajo costo envía un mensaje de que “es mejor invadir que ahorrar”, lo que podría desincentivar el esfuerzo de los trabajadores que cumplen con sus pagos al Infonavit.
Otros críticos han señalado que el programa carece de claridad en su implementación, especialmente en cómo se protegerá a los derechohabientes que aún pagan sus créditos o que abandonaron sus viviendas debido a fraudes inmobiliarios o condiciones inhabitables. “Es una medida populista que no aborda las causas estructurales del problema, como los fraudes masivos del pasado o la falta de planeación urbana”, comentó un analista político opositor.
La oposición también cuestiona la efectividad del censo del Infonavit, que ha identificado 168,000 viviendas con irregularidades, y teme que el proceso de regularización pueda ser vulnerable a nuevos casos de corrupción, dado el historial de fraudes en el instituto, como la venta múltiple de propiedades. Aunque Sheinbaum y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, han enfatizado que no se regularizarán casos con denuncias por despojo, los críticos insisten en que el programa podría generar confusión y conflictos legales, debilitando la confianza en las instituciones.
En resumen, mientras el gobierno defiende la iniciativa como una solución al problema de las viviendas abandonadas, las fuerzas opositoras advierten que podría sentar un precedente peligroso, afectando la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad de los trabajadores mexicanos.
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