Diputados de Morena y aliados aprueban la eliminación del Coneval; sus funciones pasan al INEGI
Ciudad de México, 24 de junio de 2025 – En una decisión controvertida, la Cámara de Diputados aprobó el 23 de junio, con 353 votos a favor y 126 en contra, una reforma que extingue el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y transfiere sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), modifica la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en cumplimiento de una reforma constitucional publicada en diciembre de 2024.
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El dictamen, aprobado en una sesión extraordinaria, elimina toda referencia al Coneval en la legislación y asigna al INEGI la responsabilidad de medir la pobreza multidimensional y evaluar de manera integral los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social. La reforma también suprime las facultades del Coneval para suspender o reorientar programas sociales ineficientes, atribuciones que no se transfieren al INEGI.
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¿Qué era el Coneval y para qué servía?
Creado en 2005 y operativo desde 2006, el Coneval era un organismo público autónomo con capacidad técnica para generar información objetiva sobre la pobreza en México. Su misión principal era medir la pobreza multidimensional, evaluando no solo el ingreso, sino también carencias en salud, educación, vivienda, seguridad social, alimentación y servicios básicos. Además, evaluaba la eficacia de los programas y políticas sociales, emitiendo recomendaciones para mejorar su impacto y promoviendo la transparencia y rendición de cuentas. Entre sus aportes destacaba el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), cuya última publicación fue en febrero de 2025 con datos del cuarto trimestre de 2024.
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Argumentos a favor y en contra
La bancada de Morena, liderada por la diputada Merilyn Gómez Pozos, defendió la reforma argumentando que no elimina la evaluación social, sino que la “democratiza” y fortalece al transferirla al INEGI, una institución con prestigio técnico y credibilidad internacional. Según Morena, esta medida busca simplificar la estructura gubernamental, reducir duplicidades y optimizar recursos, alineándose con los objetivos de austeridad y eficacia del gobierno.
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Por su parte, la oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano) calificó la eliminación del Coneval como un retroceso en la transparencia y rendición de cuentas. Diputados como Lorena Piñón (PRI) y Héctor Saúl Téllez (PAN) señalaron que el INEGI, aunque autónomo, no cuenta con la infraestructura ni el mandato para evaluar políticas públicas con la misma profundidad que el Coneval, lo que podría comprometer la independencia y rigor de las mediciones. Además, acusaron al gobierno de buscar ocultar el fracaso de sus políticas sociales, como el aumento de 4.5 millones de personas en pobreza entre 2018 y 2020, según reportes previos del Coneval.
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Críticas y preocupaciones
Expertos como John Scott, investigador del Coneval, advirtieron que la fusión con el INEGI podría afectar la independencia y credibilidad de las mediciones, ya que el INEGI se especializa en generar estadísticas, no en evaluar políticas públicas. Movimiento Ciudadano propuso involucrar a universidades y la CEPAL para mantener la calidad de las evaluaciones, pero la iniciativa no prosperó. La oposición también destacó que la reforma elimina contrapesos clave, limitando la capacidad del Estado para autoevaluarse y rendir cuentas.
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Siguientes pasos
El dictamen ha sido enviado al Senado para su análisis y ratificación. De aprobarse, el INEGI asumirá oficialmente las funciones del Coneval, incluyendo la actualización de lineamientos técnicos para medir la pobreza y emitir informes, aunque sin un presupuesto adicional asignado para estas nuevas tareas.
Esta reforma, parte del denominado “Plan C” de la Cuarta Transformación, ha generado un intenso debate sobre el futuro de la evaluación de políticas sociales en México y su impacto en la lucha contra la pobreza.
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