El 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de migrantes indocumentados y personas con visas temporales, como las de turismo, trabajo o estudio, que no sean ciudadanos ni residentes permanentes de Estados Unidos.
-Esta medida, que representa un cambio drástico en una política consagrada en la 14ª Enmienda de la Constitución desde 1868, ha generado intensos debates legales, políticos y sociales.
–-¿A quién afectaría? La propuesta de Trump impactaría principalmente a los siguientes grupos:
Hijos de migrantes indocumentados: Los bebés nacidos en territorio estadounidense de padres sin estatus legal perderían el derecho automático a la ciudadanía. Esto podría afectar a miles de niños cada año, especialmente en estados con alta población migrante como Texas, California y Nueva York.
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Hijos de personas con visas temporales: Aquellos nacidos de padres con visas de trabajo (como H-1B), estudio o turismo no serían considerados ciudadanos estadounidenses, rompiendo con la tradición de que cualquier persona nacida en suelo americano obtiene la ciudadanía, salvo excepciones como hijos de diplomáticos.
Familias mixtas: En casos donde uno de los padres es ciudadano o residente permanente, pero el otro no, la aplicación de la orden podría generar confusión burocrática y desafíos legales para determinar el estatus de ciudadanía de los recién nacidos.
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Comunidades vulnerables: Los críticos advierten que la medida podría exacerbar la marginalización de comunidades migrantes, aumentando el riesgo de deportaciones y separaciones familiares. En estados como Texas, donde la orden podría entrar en vigor en julio de 2025, los padres enfrentarían obstáculos para obtener certificados de nacimiento y pruebas de ciudadanía para sus hijos.
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Contexto actual –La orden ejecutiva de Trump, firmada el primer día de su segundo mandato, enfrenta múltiples desafíos legales. El 27 de junio de 2025, la Corte Suprema de EE.UU. limitó la capacidad de jueces federales para emitir injunciones nacionales que bloqueen esta política, lo que permite su implementación potencial en 28 estados que no han presentado demandas contra la orden a partir del 27 de julio de 2025. Sin embargo, la Corte no ha resuelto la constitucionalidad de la medida, y tres precedentes históricos respaldan la ciudadanía por nacimiento como un derecho protegido por la 14ª Enmienda.
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En respuesta, organizaciones como la ACLU y grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes han presentado demandas colectivas en estados como Maryland y New Hampshire, buscando proteger a todos los niños nacidos en EE.UU. que podrían ser afectados. Además, una petición de MoveOn que insta al Congreso a rechazar cualquier legislación o fallo que elimine la ciudadanía por nacimiento ha superado las 100,000 firmas.
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Implicaciones y críticas –La eliminación de la ciudadanía por nacimiento podría tener consecuencias profundas:
Impacto legal: Los expertos consideran que la orden viola la 14ª Enmienda, que garantiza la ciudadanía a “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción”. Modificar este derecho requeriría una enmienda constitucional, un proceso que necesita la aprobación de dos tercios del Congreso y tres cuartos de los estados, algo improbable en el corto plazo.
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Logística y caos burocrático: La implementación de la orden plantea preguntas sobre cómo se verificaría el estatus migratorio de los padres en hospitales y oficinas de registro. Esto podría generar retrasos y errores en la emisión de certificados de nacimiento, afectando incluso a niños que califican para la ciudadanía.
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Impacto social: Los críticos advierten que la medida podría aumentar la discriminación contra comunidades migrantes y crear una clase de personas sin ciudadanía, vulnerables a la deportación y la exclusión. Además, podría disuadir a mujeres embarazadas de buscar atención médica por temor a represalias.
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Efectos internacionales: EE.UU. es uno de los 33 países que otorgan ciudadanía por nacimiento, principalmente en el hemisferio occidental. La eliminación de este derecho alinearía al país con políticas más restrictivas de otras naciones, pero podría dañar su imagen como líder en derechos humanos.
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Perspectiva de Trump y sus defensores –Trump y sus aliados argumentan que la ciudadanía por nacimiento incentiva la inmigración ilegal y el “turismo de natalidad”, donde personas ingresan al país con el propósito de dar a luz para asegurar la ciudadanía de sus hijos. El presidente ha afirmado que el derecho fue diseñado originalmente para los descendientes de esclavos y no para “estafar el sistema”. Al menos 20 estados respaldan la propuesta, según reportes.
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¿Qué sigue?-Aunque la Corte Suprema ha debilitado las injunciones nacionales, la batalla legal está lejos de terminar. Jueces federales en Maryland y New Hampshire han exigido al gobierno de Trump aclarar cómo planea implementar la orden, incluyendo si los bebés afectados podrían enfrentar deportaciones antes de que se resuelvan los casos.
-Por ahora, la ciudadanía por nacimiento sigue vigente, y los niños nacidos en EE.UU. son ciudadanos hasta que los tribunales decidan lo contrario.
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La propuesta de Trump para eliminar la ciudadanía por nacimiento representa un intento audaz de redefinir quién puede ser considerado estadounidense, pero enfrenta significativos obstáculos legales y éticos. Mientras los tribunales evalúan su constitucionalidad, la incertidumbre afecta a millones de familias migrantes y plantea preguntas sobre el futuro de los derechos fundamentales en EE.UU.
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