La reciente decisión del presidente Donald Trump de revocar la protección del Servicio Secreto a la exvicepresidenta Kamala Harris, anunciada el 28 de agosto de 2025, ha desatado una intensa controversia en Estados Unidos y ha reavivado el debate sobre la seguridad de exfuncionarios en contextos de alta polarización política y violencia.
Según la ley estadounidense, los exvicepresidentes reciben protección del Servicio Secreto durante seis meses tras dejar el cargo, plazo que en el caso de Harris finalizó en julio de 2025. Sin embargo, el expresidente Joe Biden había extendido esta protección hasta julio de 2026 debido a preocupaciones por su seguridad, dado su perfil como la primera mujer y persona de color en ocupar la vicepresidencia, así como las amenazas recibidas durante su campaña presidencial de 2024.
Trump, en un memorando, ordenó suspender esta extensión, argumentando que una evaluación reciente del Servicio Secreto no encontró amenazas creíbles que la justificaran. Esta medida, que entra en vigor el 1 de septiembre de 2025, ha sido criticada por figuras como la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador de California, Gavin Newsom, quienes la consideran una represalia política que pone en riesgo la seguridad de Harris, especialmente ante su próxima gira nacional para promover su libro 107 Days.
En México, el debate sobre la seguridad de exgobernantes tiene paralelos históricos y contemporáneos, pero con matices propios de su contexto de violencia e inestabilidad. Desde los tiempos de Agustín de Iturbide en 1823, la protección de los mandatarios ha sido una prioridad para garantizar la estabilidad política y social del país. La seguridad de los presidentes en funciones no solo busca proteger su integridad física, sino también evitar crisis económicas, sociales y psicológicas que un atentado podría desencadenar.
Sin embargo, la extensión de esta protección a exgobernantes, como los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, genera controversia entre la población, especialmente cuando se percibe que los recursos públicos se destinan a proteger a figuras asociadas con corrupción o políticas fallidas.
La Seguridad de Exgobernantes en México:
¿Quiénes la Reciben?
En México, los expresidentes históricamente han recibido protección del Estado Mayor Presidencial (EMP), disuelto en 2018 bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, y ahora dependen de esquemas de seguridad proporcionados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o la Guardia Nacional.
Según información disponible, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto cuentan con seguridad financiada por el erario público, aunque los detalles sobre el número de elementos y el costo son opacos. Por ejemplo, Calderón, cuya guerra contra el narcotráfico (2006-2012) intensificó la violencia en el país, mantiene un esquema de protección debido a las amenazas derivadas de su confrontación con cárteles como el de Sinaloa.
A pesar de esto, como se señala en el caso de un exdirector de seguridad pública que fue visto sin escoltas poco después de dejar su cargo, no todos los exfuncionarios optan por mantener protección, lo que plantea preguntas sobre la percepción de riesgo y la necesidad real de estas medidas.
La protección a expresidentes mexicanos no está regulada por una ley clara que limite su duración o alcance, lo que contrasta con el modelo estadounidense, donde los expresidentes reciben protección de por vida y los exvicepresidentes solo durante seis meses, salvo extensiones excepcionales. En México, esta falta de regulación alimenta el descontento ciudadano, especialmente cuando se percibe que exgobernantes, como Peña Nieto, señalado por casos de corrupción, o Calderón, criticado por su estrategia de seguridad, continúan beneficiándose de recursos públicos para su protección personal.
El Debate:
Seguridad Necesaria vs. Privilegio Indebido
El argumento a favor de la protección de exgobernantes se centra en la estabilidad nacional. Un atentado contra un expresidente, incluso uno impopular, podría generar inestabilidad social, económica y política. Por ejemplo, la muerte o el ataque a un exgobernante podría interpretarse como una señal de debilidad estatal, incentivando la huida de inversiones extranjeras —potencialmente decenas o cientos de empresas— y erosionando la confianza ciudadana. En el caso de Harris, la revocación de su protección ha sido vista como un riesgo no solo para su seguridad personal, sino también para la percepción de estabilidad en un contexto donde Trump ha enfrentado dos intentos de asesinato en 2024.
Sin embargo, la ciudadanía en México y en otros contextos cuestiona por qué los exgobernantes, especialmente aquellos percibidos como corruptos o ineficientes, deben seguir recibiendo protección financiada por el erario. En México, la molestia crece cuando los gobernantes en funciones presumen mejoras en la seguridad de sus estados o ciudades, mientras solicitan o mantienen escoltas personales, lo que genera una contradicción: si la seguridad ha mejorado, ¿por qué necesitan tanta protección?
Esta percepción se agrava cuando los exfuncionarios, al dejar el cargo, continúan dependiendo de recursos públicos para su seguridad, en lugar de costearla de manera privada.¿Qué Hacer?
Propuestas para un Equilibrio
Regulación Clara y Temporal: En México, se debería establecer una ley que limite la protección a exgobernantes a un período razonable, como dos o tres años tras dejar el cargo, similar al modelo estadounidense para exvicepresidentes. Esto garantizaría su seguridad durante el período de mayor riesgo, cuando las amenazas derivadas de su gestión podrían ser más inmediatas, sin perpetuar un gasto indefinido. En el caso de Harris, una extensión de seis meses adicionales habría sido razonable, considerando su exposición pública durante la campaña de 2024.
Financiamiento Privado Post-Mandato:
Los exgobernantes deberían asumir los costos de su seguridad privada una vez concluido el período de protección estatal. Esto respondería al reclamo ciudadano de que el erario no se use para proteger a figuras controvertidas. Por ejemplo, en México, expresidentes como Fox, Calderón o Peña Nieto, con acceso a recursos personales, podrían financiar su propia seguridad tras un período de transición, aliviando la carga al presupuesto público.
Evaluación de Amenazas Individualizada: La asignación de protección debería basarse en evaluaciones objetivas de riesgos, realizadas por instituciones independientes. En el caso de Harris, la decisión de Trump se basó en una evaluación del Servicio Secreto que no encontró amenazas creíbles, pero críticos argumentan que esto podría estar influenciado por motivos políticos. En México, donde la violencia de cárteles y la polarización política son constantes, estas evaluaciones son cruciales para justificar la protección sin caer en privilegios automáticos.
Protección para Gobernantes en Funciones: La seguridad de alcaldes, gobernadores y secretarios en activo debe ser una prioridad absoluta, ya que su asesinato, como el del alcalde de Chilpancingo en 2024, puede desatar crisis locales y nacionales. Sin embargo, esta protección debe ser proporcional y transparente para evitar percepciones de abuso.
La seguridad de los gobernantes en funciones es indispensable para evitar crisis económicas, sociales y de confianza ciudadana, como lo demuestra el impacto potencial de un atentado en México o la controversia por la revocación de la protección de Harris en Estados Unidos.
Sin embargo, la protección de exgobernantes debe regularse estrictamente para equilibrar la necesidad de seguridad con la justicia social. En México, donde la percepción de corrupción agrava el descontento, es fundamental limitar la duración de la protección estatal y exigir que los exfuncionarios costeen su seguridad privada tras un período razonable.
En el caso de Harris, la decisión de Trump pone en evidencia cómo las motivaciones políticas pueden influir en estas decisiones, subrayando la necesidad de criterios objetivos y transparentes. Mientras la violencia persista y las amenazas a exgobernantes sean reales, la protección debe existir, pero no a costa de perpetuar privilegios o ignorar el sentir ciudadano.
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