El Banco del Bienestar se encuentra en una situación complicada según un informe reciente de su propio Órgano Interno de Control (OIC), que ha salido a la luz en los primeros días de febrero de 2026. El tema principal es que 84% de las 2,750 sucursales consideradas en su plan de expansión operan sin instrumentos legales vigentes que acrediten el uso o la posesión legal de los terrenos donde están construidas.
Detalles clave
- El plan de expansión involucró la construcción de 2,750 nuevas sucursales (principalmente por la Secretaría de la Defensa Nacional – Sedena), que se sumaron a las existentes para llegar a un total de alrededor de 3,149 sucursales en operación.
- De esas 2,750 sucursales revisadas, solo un porcentaje minoritario (aproximadamente 431, o sea el 16%) cuenta con documentación en regla, como contratos de comodato, actas de asignación de uso, escrituras o donaciones.
- Esto significa que más de 2,300 sucursales (el 84%) están en un “limbo jurídico”, operando sin respaldo legal formal sobre los predios, a pesar de que ya funcionan y atienden a usuarios, especialmente en el pago de programas sociales del gobierno (pensiones, becas, etc.).
- El informe del OIC destaca fallas administrativas en la regularización de los terrenos, lo que deja al banco expuesto a posibles riesgos legales, como reclamos de propiedad o disputas.
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Se describe como un problema de “falta de instrumentos jurídicos” que pone en evidencia deficiencias en la gestión y planeación de la expansión masiva del banco.
Hasta el momento, no se han reportado acciones inmediatas como cierres de sucursales o sanciones, pero el tema genera críticas sobre la operación del banco, que es clave para la dispersión de recursos públicos en zonas rurales y marginadas. El banco ha enfatizado en el pasado la posesión legal mediante mecanismos como comodatos o asignaciones, pero este informe interno contradice o evidencia rezagos en esa regularización.
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