Ciudad de México, 8 de mayo de 2025 – El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, denunció este jueves que jueces han emitido resoluciones judiciales “alarmantes” que han permitido la liberación de más de 100 presuntos delincuentes entre 2024 y lo que va de 2025. Durante la conferencia matutina del gobierno federal, Harfuch detalló que se han identificado 193 determinaciones judiciales que favorecieron a criminales, incluyendo traslados, cambios de medidas cautelares y egresos definitivos.
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“Tenemos un reporte sobre jueces que han favorecido a presuntos delincuentes. Derivado de estas determinaciones, más de 100 delincuentes regresaron a las calles”, afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). De estas resoluciones, 164 corresponden a cambios de medida cautelar y 12 a egresos definitivos, según datos presentados por el funcionario.
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García Harfuch calificó estas decisiones como inaceptables, argumentando que socavan los esfuerzos del gobierno por combatir la delincuencia organizada y garantizar la seguridad pública. “Es una práctica que no podemos permitir, porque pone en riesgo a la ciudadanía y debilita la estrategia nacional de seguridad”, enfatizó.
Las declaraciones del secretario han reavivado el debate sobre la independencia y eficacia del Poder Judicial en México, en un contexto donde la reforma judicial propuesta por el gobierno busca la elección de jueces por voto popular. brevado a partir de junio de 2025. Las críticas de Harfuch se suman a tensiones previas entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, como cuando el secretario acusó a jueces de intentar liberar a 29 narcotraficantes extraditados a Estados Unidos en febrero de 2025, acusaciones que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) rechazó por falta de pruebas.
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El gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha insistido en que la corrupción en el Poder Judicial es un obstáculo para la justicia, mientras que la Suprema Corte y la Judicatura han defendido la autonomía judicial y el respeto al debido proceso.
Expertos en seguridad han expresado preocupación por las implicaciones de estas liberaciones para la seguridad nacional, y las autoridades han solicitado una revisión exhaustiva de las decisiones judiciales. El tema promete seguir generando controversia en los próximos meses, mientras se acerca la implementación de la reforma judicial.
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