La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que en Sinaloa se ha normalizado la narcopolítica y los vínculos entre el crimen organizado y las autoridades, al tiempo que rechazó las acusaciones en su contra y defendió que su gobierno actúa dentro del marco de la ley.
En entrevista con El Universal, la mandataria panista afirmó que solo está cumpliendo con su responsabilidad institucional.
“Yo estoy haciendo mi trabajo, estoy apegada al Estado de derecho. Yo no me escondo debajo de una mesa o, tal vez, en otro país”, declaró.
Campos apuntó directamente contra Sinaloa al señalar que ahí “está normalizado” no solo el narcotráfico en la sociedad, sino especialmente los nexos del gobernador, su equipo cercano y su gabinete con grupos criminales.
Contexto de la polémica
Las declaraciones ocurren en medio de una fuerte disputa política entre el gobierno de Chihuahua y la administración federal. Todo se intensificó tras el descubrimiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos en abril de 2026.La gobernadora ha sido señalada por presuntos vínculos o conocimiento de operaciones relacionadas con la CIA en el estado, acusaciones que ha negado enfáticamente.
Además, informó que no acudirá a comparecer ante el Senado para no revelar información sensible de la investigación en curso.
Campos denunció un “doble discurso” por parte de Morena y el gobierno federal: mientras la cuestionan constantemente a ella, en Sinaloa las prácticas de narcopolítica se toleran sin mayor escrutinio.
Su defensa
La mandataria insistió en que su administración se rige por los principios de legalidad y transparencia. Desde el primer momento solicitó informes sobre los hechos ocurridos en “El Pinal” y creó una unidad especial para investigar los acontecimientos.
Asimismo, advirtió que desde Palacio Nacional se ha orquestado una campaña de acoso en su contra con el objetivo de distraer la atención sobre los problemas de narcopolítica que enfrentan otros estados, particularmente Sinaloa.
Esta confrontación evidencia la profunda polarización política entre la oposición (principalmente PAN) y el oficialismo de Morena, en un contexto marcado por la violencia y la fuerte presencia del crimen organizado en el norte del país.
Hasta el cierre de esta edición, ni el gobierno de Sinaloa ni la dirigencia nacional de Morena han emitido una respuesta oficial a las declaraciones de la gobernadora chihuahuense.
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