Blanca Diva Ponce Caro, recién electa como jueza en materia Penal del Circuito 2 en Sonora (con sede en Cajeme), fue nombrada este fin de semana Secretaria Ejecutiva de uno de los Comités Seccionales de Morena en el municipio de Cajeme. El dirigente estatal de Morena, David Mendoza, le tomó protesta junto con otros 246 presidentes y secretarios ejecutivos seccionales.
La designación generó inmediata controversia porque la Constitución de Sonora prohíbe expresamente a los jueces en funciones desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión, ya sea público o privado, con el fin de garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial.
De acuerdo con fuentes consultadas, el artículo 123 de la Constitución local establece que los Jueces “no pueden desempeñar ningún empleo, cargo o comisión de la Federación, del Gobierno del Estado, de otras entidades, de los municipios, o de particulares”.
¿Se puede estar en los dos cargos?
No. Existe una clara incompatibilidad constitucional. Los cargos judiciales exigen plena dedicación y absoluta independencia, por lo que la ley prohíbe cualquier vinculación operativa con partidos políticos mientras se ejerza el cargo de jueza. Mantener ambos roles simultáneamente comprometería la imparcialidad de la jueza y expondría al Poder Judicial local a cuestionamientos sobre politización.
¿Qué procede?
- Para la jueza: Debería separarse inmediatamente del cargo partidista o, en su caso, renunciar al cargo judicial. Ante la presión mediática y política, Morena Sonora la relevó del cargo en el partido y, según reportes posteriores, Ponce Caro presentó su renuncia como jueza.
- Para Morena: El partido incurrió en una designación que viola el espíritu de la independencia judicial, especialmente en el contexto de la reciente reforma que incluye elección popular de jueces.
- Consecuencias posibles: Podría abrir quejas ante el Consejo de la Judicatura del Estado o el Instituto Estatal Electoral por posible vulneración a los principios de imparcialidad. Aunque el cargo en Morena era honorífico (no remunerado), sigue siendo incompatible por su naturaleza operativa.
Este caso reaviva el debate nacional sobre los riesgos de la elección popular de jueces y la posible infiltración de intereses partidistas en el Poder Judicial.
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