La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, detalló durante la conferencia matutina que la propuesta contempla la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, que dependerá del Instituto Nacional Electoral (INE) y estará integrada por cinco consejeros electorales.
¿Cómo funcionaría el mecanismo?
- Los partidos políticos podrán entregar de manera voluntaria la lista de aspirantes a la Comisión.
- La información será revisada por diversas dependencias federales, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Fiscalía General de la República (FGR) y otras áreas de inteligencia.
- Las autoridades determinarán si existe un “riesgo razonable” de vínculos delictivos y regresarán la información a los partidos.
- Serán los propios partidos los responsables finales de decidir si mantienen o retiran el registro de la candidatura.
Sheinbaum enfatizó que la medida busca prevenir que cualquier candidato o candidata, independientemente del partido, tenga vínculos con la delincuencia organizada. La iniciativa se impulsa tras detectar “casos aislados” de alcaldes y funcionarios con presuntos nexos criminales.
Esta reforma forma parte de los esfuerzos del gobierno para blindar el proceso electoral de 2027. La presidenta señaló que la propuesta se había trabajado desde hace tiempo y se decidió enviarla ahora para que pueda aplicarse en los tiempos previos a la próxima elección federal.
La oposición ha criticado reformas electorales previas y ha exigido sanciones más severas, como la pérdida de registro para partidos que reciban financiamiento ilegal del crimen organizado. Algunos analistas consideran que esta medida busca fortalecer la integridad de las candidaturas, aunque su efectividad dependerá de la aprobación en el Congreso y de la implementación real del mecanismo.
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