— La revocación de visas estadounidenses se ha convertido en una herramienta clave de presión durante la administración de Donald Trump en su ofensiva contra el narcotráfico y la corrupción en México.
Según el Departamento de Estado de EE.UU., las visas (incluidas las de funcionarios extranjeros) pueden revocarse en cualquier momento sin necesidad de justificación pública, especialmente cuando se detectan “actividades contrarias al interés nacional”. Esto incluye:
- Vínculos reales o sospechosos con el crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero o cárteles (principal motivo en el contexto actual).
- Corrupción o protección política a grupos criminales.
- Antecedentes penales, condenas o investigaciones en curso.
- Incumplimientos migratorios (quedarse más tiempo del permitido, falsas declaraciones).
- Infracciones menores como multas de tránsito pendientes (caso reportado por Brighite Granados).
- Riesgo para la seguridad pública o nacional de EE.UU.
A diferencia de condenas judiciales previas (que eran el estándar en administraciones anteriores), la actual estrategia permite actuar con base en inteligencia, sospechas o información clasificada. La medida genera un fuerte daño reputacional, aunque no siempre se revelan los motivos exactos.
:¿A quiénes les han cancelado la visa en México? El alcance de la medida
Desde finales de 2025, Reuters reportó que EE.UU. revocó visas a más de 50 políticos y funcionarios mexicanos, la mayoría de Morena, aunque también de otros partidos. La cifra podría ser mayor según fuentes diplomáticas.
Casos más destacados confirmados o reportados:
- Marina del Pilar Ávila (gobernadora de Baja California) y su esposo.
- Alfonso Durazo (gobernador de Sonora) — bajo investigación por presuntos vínculos.
- Américo Villarreal (gobernador de Tamaulipas) — similar situación.
- Alex Tonatiuh Márquez Hernández (funcionario del gabinete de Sheinbaum).
- José Luis Dagnino (alcalde de San Felipe, BC).
- Óscar Eduardo Castro Castro (alcalde de Puerto Peñasco, Sonora).
- Juan Francisco Gim (alcalde de Nogales, Sonora).
- Norma Bustamante (alcaldesa de Mexicali) y su esposo.
- Varios diputados, alcaldes y funcionarios de Coahuila, Tamaulipas y otros estados fronterizos.
Muchos afectados niegan cualquier vínculo delictivo y atribuyen las cancelaciones a motivaciones políticas o errores administrativos. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha exigido claridad, mientras que la oposición usa estos casos para presionar a Morena.
Contexto general:
Esta estrategia forma parte de la “guerra contra los cárteles” declarada por Trump, que incluye sanciones financieras, aranceles y presión diplomática. EE.UU. busca desmantelar no solo a los criminales, sino también a sus presuntos “protectores políticos”. La opacidad es intencional: Washington no publica listas oficiales.
La visa se ha convertido en un arma diplomática poderosa: no solo restringe viajes, sino que genera descrédito público y tensión bilateral. El caso de Brighite Granados (presidenta estatal de Morena en Chihuahua), quien atribuyó su cancelación a una multa de tránsito de hace 10 años, es el más reciente ejemplo público.
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