En un país donde la discriminación por edad afecta a millones de trabajadores, especialmente a aquellos mayores de 45 años, el Senado de la República ha recibido una iniciativa histórica que podría transformar el mercado laboral.
La propuesta, presentada por el senador Armando Ayala Robles de Morena, busca reformar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para eliminar cualquier límite máximo de edad en la contratación y permanencia en el empleo. “Una vez cumplidos los dieciocho años, no podrá establecerse un límite máximo de edad para la contratación u ocupación de un empleo, salvo los casos plenamente justificados”, establece el documento legislativo, que también prohíbe fijar topes etarios para cargos públicos.
Esta reforma, turnada a las comisiones correspondientes, responde a un problema estructural conocido como “edadismo”: la exclusión sistemática de personas adultas mayores del ámbito laboral, que no solo viola el principio de igualdad consagrado en el artículo 1° constitucional, sino que agrava la pobreza y el desempleo en un sector vulnerable. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) de 2020, el 63.5% de los mayores de 65 años que buscan empleo no lo consiguen, y cerca de 4 millones viven en condiciones de pobreza.
La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022 revela que el 39% de las mujeres y el 38.9% de los hombres mayores de 60 años han sufrido este tipo de exclusión, con un impacto desproporcionado en las mujeres, quienes enfrentan barreras adicionales por género.
Un mercado laboral que envejece, pero discrimina
México enfrenta un envejecimiento poblacional acelerado. Actualmente, 6.6 millones de personas mayores de 60 años forman parte de la fuerza laboral, pero la mayoría se ve obligada a trabajos informales o precarios debido a requisitos etarios en las ofertas laborales, como “de 18 a 35 años”.
La Ley Federal del Trabajo (LFT) ya prohíbe en su artículo 133 rechazar trabajadores por edad, pero la práctica persiste, con el 90% de las vacantes excluyendo a mayores de 35 años, según estimaciones de la Asociación Mexicana por la No Discriminación Laboral por Edad o Género (ANDLEG). Esta brecha no solo perpetúa la desigualdad, sino que priva a las empresas de la experiencia intergeneracional y frena la productividad nacional.La iniciativa de Ayala Robles, elaborada en colaboración con la académica Marina del Pilar Olmeda García, busca alinear la legislación mexicana con estándares internacionales, como la Convención 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que condena la discriminación etaria.
“El edadismo divide, limita y daña la solidaridad entre generaciones”, enfatizó el senador durante su presentación el 22 de septiembre de 2025. Para avanzar, anunció un foro en el Senado con especialistas, cámaras empresariales y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con el fin de construir consensos hacia una reforma integral.
Avances estatales y federales: Un mosaico de esfuerzos
Aunque la propuesta es federal, varios estados han dado pasos similares. En marzo de 2025, el Congreso de Aguascalientes aprobó una reforma a su Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación, prohibiendo límites por edad o antigüedad en el empleo, con el objetivo de fomentar la inclusión de juventudes y adultos mayores.
En Nuevo León, el diputado Mauro Guerra Villarreal (PAN) impulsa cambios a la Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo para evitar jubilaciones forzadas por edad o salud crónica, argumentando que la experiencia de los mayores es un “recurso invaluable” para las empresas.
A nivel federal, en el primer trimestre de 2025, comisiones del Congreso aprobaron seis dictámenes laborales pendientes de debate en el Pleno, incluyendo inspecciones por desigualdad salarial y programas para primer empleo, que indirectamente abordan la discriminación etaria.
Iniciativas previas, como la de la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) en 2022, proponían que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) intervenga en despidos o rechazos por edad, destacando que el 46% de los casos laborales discriminatorios se deben a este factor.
Impacto esperado: Hacia un México inclusivo y productivo
Si se aprueba, esta reforma no solo garantizaría el derecho al trabajo sin barreras etarias, sino que promovería entornos laborales adaptados, como accesibilidad para discapacidades relacionadas con la edad y programas de capacitación intergeneracional. Expertos coinciden en que, al replicar modelos de países desarrollados, México podría estabilizar su fuerza laboral y transferir conocimiento valioso, reduciendo la carga en sistemas de pensiones como el IMSS e ISSSTE.Sin embargo, el desafío radica en la implementación: sanciones efectivas por incumplimiento, campañas de sensibilización y ajustes culturales en el sector privado. Mientras el foro del Senado se materializa, esta propuesta representa un paso audaz hacia la equidad.
Como lo resume Ayala Robles: “Nadie debería dejar de trabajar por su edad”. El debate en el Congreso podría definir si México transita de la discriminación a la inclusión plena, beneficiando a todas las generaciones.
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