Este lunes 12 de enero de 2026, el Instituto Nacional Electoral (INE) entregó formalmente a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral (encabezada por Pablo Gómez) un documento con 241 propuestas técnicas para la reforma electoral que se discutirá en el Congreso.
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Estas propuestas surgieron de un proceso de discusión colegiada entre los consejeros del Consejo General, donde nueve de los once consejeros presentaron y aprobaron por mayoría (unanimidad en algunos casos) los planteamientos, tras revisar más de 300 ideas en sesiones privadas el viernes anterior.El INE enfatiza que su visión es técnica y operativa, con el objetivo de fortalecer la democracia, garantizar elecciones confiables y evitar riesgos logísticos o de equidad en el sistema electoral nacional.
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Principales propuestas destacadas
Entre los temas más relevantes y con mayor consenso:
- Mantener y fortalecer los plurinominales (representación proporcional): El INE defiende la permanencia de los diputados y senadores de representación proporcional (conocidos como “pluris”) para asegurar una diversidad de voces en el Congreso. Argumentan que responden al principio de proporcionalidad establecido desde 1977 y que eliminarlos concentraría el poder en una sola fuerza política, limitando la pluralidad. Algunos consejeros proponen revisar el límite de sobrerrepresentación, pero sin suprimir la figura.
- Mover la fecha de la elección judicial de 2027: Hay consenso unánime (10 votos, ya que una consejera no participó) en posponer la elección de los restantes juzgadores del Poder Judicial (alrededor de 850 cargos) del junio al último trimestre del año (octubre-noviembre o incluso septiembre, según algunas versiones). Razones: Evitar la concurrencia con las elecciones federales intermedias (Cámara de Diputados), 17 gubernaturas y miles de cargos locales en 2027, lo que sería “inmanejable logísticamente” y generaría sobrecarga operativa, costos extras y confusión ciudadana (diferentes reglas de votación). También proponen que el INE diseñe boletas más simples y accesibles.
- Apegar el presupuesto del INE al PIB: Para garantizar autonomía financiera y evitar recortes arbitrarios “basados en criterios no técnicos ni operativos”. La propuesta busca un presupuesto dinámico vinculado al Producto Interno Bruto anual, que impida variaciones bruscas y asegure recursos suficientes para organizar elecciones confiables y de calidad. Esto responde a preocupaciones por los ajustes presupuestales recientes y al alto costo del sistema electoral (más de 40 mil millones de pesos en 2026, incluyendo INE, partidos, OPLE y tribunales).
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Otras propuestas con amplio respaldo incluyen:
- Vetar constitucionalmente el secreto ministerial en funciones de fiscalización (para que el INE acceda a información de la UIF, CNBV y FGR sin obstáculos, con sanciones a quienes nieguen datos).
- Fortalecer la fiscalización contra el lavado de dinero en campañas (incluyendo plataformas digitales, activos virtuales y triangulaciones).
- Blindar a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y mantener el servicio profesional electoral.
- Medidas para proteger derechos de mujeres (contra violencia política de género) y facilitar el voto en el extranjero.
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El documento fue entregado a las 12:00 horas por todo el Consejo General, encabezado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei, quien refrendó el compromiso del INE con el diálogo institucional. El INE publicará el contenido completo en sus canales oficiales en las próximas horas o días.
Esta entrega llega en un momento clave: la Comisión Presidencial ultima su iniciativa para enviarla al Congreso en febrero, en medio de debates sobre reducción de costos electorales, financiamiento a partidos y posibles cambios en plurinominales (prioridades del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero con visiones contrastantes del INE y oposición).
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El tema genera tensión, ya que el gobierno busca austeridad, mientras el INE prioriza autonomía y pluralidad para evitar riesgos a la democracia.
La reforma se perfila como uno de los debates más complejos del sexenio, con audiencias previas en todo el país y propuestas ciudadanas (como una iniciativa con más de 188 mil firmas).
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