El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció la desclasificación de una acusación formal presentada ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras 9 personas (funcionarios y exfuncionarios de alto nivel del estado).
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Según la fiscalía estadounidense, los acusados formaron parte de una conspiración con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos (hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán), para facilitar el tráfico masivo de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos.
¿De qué se les acusa exactamente?
- Conspiración para importar narcóticos a EE.UU.
- Posesión y conspiración para poseer armas de fuego (incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos).
- Haber recibido sobornos millonarios a cambio de protección al cártel, filtrar información sensible de fuerzas de seguridad y permitir el libre movimiento de drogas.
- En el caso de Rocha Moya, se alega que se reunió con líderes del cártel, les prometió protección oficial y recibió apoyo de ellos para llegar y mantenerse en el cargo de gobernador.
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Uno de los acusados (Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”) enfrenta cargos adicionales por secuestro y homicidio de una fuente de la DEA y un familiar de ésta.
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La acusación fue anunciada por el fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole.
¿Qué dicen en Estados Unidos del tema?
En EE.UU. el caso se interpreta como parte de una ofensiva más agresiva contra la corrupción política vinculada al narcotráfico en México, especialmente durante la administración Trump.
Principales puntos que destacan:
- Es un golpe fuerte contra la penetración del Cártel de Sinaloa en las instituciones estatales.
- Refuerza la narrativa de que el cártel no solo trafica drogas, sino que corrompe gobiernos a nivel estatal.
- Medios y funcionarios estadounidenses lo ven como evidencia de que el problema del fentanilo no es solo de cárteles, sino también de políticos corruptos que los protegen.
- La revocación de la visa a Rocha Moya (que ocurrió en 2025) ya era una señal previa de que estaba bajo investigación.
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En Washington se usa este tipo de acusaciones para presionar a México por mayor cooperación en materia de seguridad y combate al fentanilo, al que la administración Trump ha calificado como un tema de seguridad nacional prioritario.
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