El caso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa (Morena), ha expuesto una de las mayores contradicciones del partido en el poder. Mientras Morena exige cabezas, juicios políticos y hasta “traición a la patria” por otros casos, en el suyo opta por el cierre de filas, el discurso de “intervencionismo” y la defensa automática, en lugar de una investigación transparente y sin cortapisas.
Los hechos del caso Rocha Moya
El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York) presentó una acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios o exfuncionarios de Sinaloa. Los cargos principales incluyen:
- Conspiración para importar narcóticos a EE.UU.
- Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
- Conspiración para poseer dichas armas.-
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Según la acusación, Rocha habría recibido apoyo de la facción Los Chapitos (Cártel de Sinaloa) para llegar a la gubernatura en 2021 (incluyendo secuestros e intimidación a rivales), a cambio de protección e impunidad para el cártel. Se mencionan reuniones directas, sobornos y operación con libertad en el estado.
Rocha negó los cargos, los calificó de “falsos y dolosos” y, el 2 de mayo, solicitó licencia temporal al Congreso de Sinaloa (aprobada por más de 30 días). Esto le permitió separarse del cargo para “facilitar” las investigaciones de la FGR, aunque mantiene fuero hasta que se resuelva. Yeraldine Bonilla Valverde quedó como gobernadora interina.
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La respuesta de Morena: Defensa antes que investigación
En lugar de exigir una investigación exhaustiva e imparcial, Morena ha cerrado filas:
- La nueva presidenta nacional, Ariadna Montiel, y dirigentes como Ignacio Mier y Dolores Padierna, han usado el caso para atacar a la oposición y enfatizar el “intervencionismo de EE.UU.”.
- Argumentan falta de pruebas consistentes (la FGR pidió más elementos a EE.UU. antes de proceder a detención provisional).
- Resaltan la licencia de Rocha como ejemplo de “cero impunidad” y “coherencia”, contrastándola con la gobernadora Maru Campos.
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La presidenta Claudia Sheinbaum y la SRE han mantenido una línea similar: si no hay pruebas claras, el objetivo es político. En el Congreso Nacional de Morena (principios de mayo), el caso fue el “elefante en la habitación”, pero se priorizó la unidad y la narrativa de soberanía.
El doble rasero que genera el cinismo
Opositores (PAN, PRI y analistas independientes) señalan hipocresía evidente:
- Cuando se trata de Maru Campos (PAN-Chihuahua) y el operativo contra un narcolaboratorio donde murieron agentes estadounidenses, Morena habla de “traición a la patria”, violación a la soberanía y exige comparecencias y juicio político.
- Cuando un gobernador de Morena es acusado directamente por nexos con el cártel más poderoso, el discurso cambia a “defensa de la soberanía” y “esperar a la FGR”.
Maru Campos lo resumió con ironía: “A uno se le critica por desmantelar laboratorios… y al otro se le defiende a capa y espada. Vámonos enterando de quién es quién”.
Críticos argumentan que una verdadera política de “cero impunidad” (bandera de la 4T) exigiría:
- Suspensión inmediata y sin protección.
- Investigación profunda por parte de autoridades mexicanas (no solo esperar pruebas de EE.UU.).
- Posible desafuero y extradición si proceden los cargos.
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En cambio, la licencia temporal se percibe como una maniobra para ganar tiempo y mantener cierta protección política.
¿Por qué importa este caso?
Sinaloa es la cuna del Cártel más poderoso del mundo. Que un gobernador sea acusado de protegerlo golpea directamente la narrativa de Morena sobre combate a la corrupción y transformación.
Es uno de los señalamientos más graves contra un funcionario de alto nivel en el actual sexenio. Morena insiste en que actuará conforme a la ley y que no hay favoritismos. Sin embargo, la percepción de cinismo crece: se exige máxima dureza contra adversarios, pero se aplica tibia tolerancia cuando toca a los propios.
El caso sigue abierto. La FGR investiga, EE.UU. presiona y la polarización política sube. Mientras, la pregunta incómoda permanece: ¿investigación real o protección partidista?La ciudadanía observa. En un país cansado de la narcopolítica, la coherencia será la verdadera prueba de credibilidad.
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