El Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no deja lugar a dudas: la propaganda de los servidores públicos debe ser institucional, con fines informativos, educativos o de orientación social, y punto.
Está prohibido de manera tajante que incluya nombres, imágenes, voces o cualquier símbolo que huela a promoción personalizada. ¿Qué significa esto? Que los funcionarios y legisladores no tienen ningún derecho de andar exhibiendo su cara en eventos o anuncios para inflarse el ego o trepar políticamente, mucho menos si están metiendo mano al dinero público para hacerlo. Es una línea roja que no se cruza sin consecuencias.
Y no se queda ahí. Cuando llegan los tiempos electorales, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General de Delitos Electorales aprietan el torniquete. Usar la imagen de un servidor público en propaganda electoral —ya sea con fotos, caricaturas o siluetas— es un golpe directo a la neutralidad, la imparcialidad y la equidad en la contienda.
Es un truco barato para manipular al votante, y el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene el mandato de castigarlo con todo: multas, inhabilitaciones o incluso la anulación de elecciones si el descaro es demasiado evidente. No es un juego: cruzar esa línea puede ser un delito electoral, y si hay recursos públicos de por medio, el asunto se pone penalmente feo. Aunque muchos y muchas lo hicieron y no pasó nada, pero no por ellos dejó de ser un delito.
En resumen: no es solo que “no se deba”, es que está rotundamente prohibido usar la imagen de funcionarios o legisladores para autopromocionarse.
El Artículo 134 no es una sugerencia, es un mandato que busca frenar el cinismo de quienes se creen intocables. Si un servidor público planta su rostro en una caravana, un cartel o un evento con fines de lucimiento personal, no solo está violando la Constitución, sino que está escupiendo en la cara de la ley y del pueblo que dice representar. Y si hay dinero público detrás, que se prepare, porque las sanciones pueden ir desde una bofetada administrativa hasta un golpe penal que lo deje fuera del juego.
¿Casos específicos? Basta ver a los que se pasean con sus “obras altruistas” mientras su imagen aparece en cada rincón, como si fueran mesías modernos. Eso no es servicio público, es ambición disfrazada de bondad.
La ley existe para desenmascararlos, y las autoridades tienen la obligación de hacerla valer con mano dura. Porque México no necesita más oportunistas que usen el poder como trampolín, sino funcionarios que respeten las reglas o paguen el precio.
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