María Eugenia “Maru” Campos, gobernadora de Chihuahua por el PAN, se ha convertido en una de las figuras políticas más polémicas y visibles del México de 2026.
Desde abril de este año, su administración enfrenta una fuerte presión del gobierno federal de Claudia Sheinbaum y de Morena, centrada en un operativo antidrogas en el que participaron supuestos agentes de la CIA (o agencias estadounidenses).
¿Qué pasó realmente?
En abril de 2026, un operativo en Chihuahua logró desmantelar un importante narcolaboratorio. Durante o después de la acción, ocurrió un accidente vial en el que murieron dos agentes estadounidenses y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua.
La revelación de que personal extranjero (identificado en algunos reportes como vinculado a la CIA) participó en actividades operativas en territorio mexicano sin la autorización expresa y formal del gobierno federal detonó el escándalo.
La gobernadora Maru Campos ha sostenido que:
- No tenía conocimiento directo de que se tratara de agentes de la CIA.
- Existe cooperación habitual de inteligencia con Estados Unidos (como ha ocurrido durante décadas en la lucha contra el narco).
- El gobierno federal está utilizando este caso para perseguirla políticamente por ser una gobernadora de oposición fuerte y efectiva en el combate al crimen organizado.
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Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum y la Fiscalía General de la República (FGR) afirman que no se trata de persecución, sino de una investigación ordinaria por posibles violaciones a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Argumentan que cualquier colaboración con agencias extranjeras debe canalizarse obligatoriamente a través de la Federación, y que actuar “fuera del marco legal” pone en riesgo la soberanía nacional.
Comparación con Rubén Rocha Moya (Sinaloa)
Aquí radica uno de los puntos más sensibles que Maru Campos ha denunciado públicamente: el trato diferencial.
- Rocha Moya (gobernador con licencia de Morena) enfrenta acusaciones formales del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, narcotráfico y protección a capos. A pesar de la gravedad de las imputaciones, el gobierno federal lo ha defendido públicamente y califica las acusaciones estadounidenses como intervencionistas.
- A Maru Campos la citan a comparecer ante la FGR, hay llamados a juicio político (incluso acusaciones de “traición a la patria” por parte de algunos legisladores de Morena) y una fuerte campaña mediática por permitir o tolerar la presencia de agentes extranjeros en un operativo contra el narco.
Para muchos analistas y para la oposición (PAN, PRI, MC), este contraste es evidente y genera la percepción de “lawfare” (uso judicial con fines políticos) contra la oposición, mientras se protege a aliados.
¿Es ridículo el caso?
Depende del lente con el que se mire:
- Desde la visión federal/Morena: No es ridículo. La soberanía nacional no es negociable. Permitir que agentes extranjeros operen libremente en territorio mexicano viola la Constitución y abre precedentes peligrosos.
- Desde la visión de Campos y la oposición: Sí resulta desproporcionado y ridículo perseguir a quien está combatiendo laboratorios de fentanilo y metanfetaminas, mientras en otras regiones del país los índices de violencia y presuntos acuerdos de impunidad son mucho más graves. Argumentan que el verdadero problema no es la cooperación con EE.UU., sino el debilitamiento del Estado mexicano frente al crimen organizado.
El efecto boomerang: el crecimiento de la imagen de Maru Campos
Lejos de debilitarla, la presión federal parece estar fortaleciendo la figura nacional de Maru Campos:
- Ha ganado simpatía en sectores de centro y derecha a nivel nacional.
- Su narrativa de “defensora de Chihuahua” y “víctima de persecución” resuena fuerte en el norte del país y entre la oposición.
- Encuestas recientes la mantienen con buena aprobación en Chihuahua (alrededor del 55% en varias mediciones), y su visibilidad nacional ha crecido considerablemente.
- El PAN y otros partidos de oposición la han convertido en un símbolo de resistencia, organizando movilizaciones y pronunciamientos en su defensa.
En resumen, lo que para el gobierno federal es una defensa legítima de la soberanía y el Estado de derecho, para una parte importante de la población y la oposición es una persecución política selectiva que busca debilitar a una gobernadora incómoda y exitosa en su imagen de mano dura contra el narco.
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El caso sigue abierto. Maru Campos ya compareció ante la FGR y mantiene una postura firme. Mientras tanto, la polarización política en México alcanza nuevos niveles, y el debate sobre soberanía versus cooperación efectiva en seguridad seguirá dominando la agenda.
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La realidad del país, es que México necesita combatir seriamente al narcotráfico con inteligencia y coordinación real con Estados Unidos (porque el problema es binacional). Al mismo tiempo, las reglas de soberanía deben respetarse. Lo peligroso es que la justicia y las instituciones se utilicen de forma selectiva según el color político. Eso erosiona la democracia más que cualquier agente extranjero.
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